María Rodríguez ha sido deportada dos veces en 26 años. Según la orden ejecutiva de Donald Trump, es prioridad que sea expulsada del país. Su antecedente: ingresar sin documentos.
Su primer intento para entrar a Estados Unidos fue en 1990, viajó con su papá y su tía. Salieron de Iguala, Guerrero, y caminaron tres días tras cruzar la frontera. No pudieron evitar a la Patrulla Fronteriza. “Nos arrestaron y pues nos regresaron a México”, dijo María.
Les abrieron expediente y ni supieron lo que firmaron. Meses después lo lograron: cruzaron la frontera y llegaron a Phoenix, Arizona. María batalló, pero consiguió un empleo. Durante años vivió tranquila, puso un negocio, conoció a su esposo y tuvo dos hijos.
En 2011 intentó poner en regla sus papeles e inscribirse en un programa especial para migrantes indocumentados, pero no pudo hacerlo. En su expediente estaba el antecedente de la deportación y de un problema que su hermano tuvo con la Policía por alterar el orden público. Fue a la corte y aclaró lo sucedido, al menos eso le dijeron. Tres meses después, agentes del Servicio de Inmigración y control de aduanas, ICE, llegaron a su casa.
“Se presentaron buscando a otra persona y le dije, no soy yo, ¿entonces quién eres? Le di mi nombre y me dijo tienes con qué identificarte. Siéntate acá afuera, sí eres tú. María Rodríguez”, narró María. Había una orden de arresto. Se la llevaron y durante 24 horas estuvo encerrada en un cuarto. No habló con nadie hasta que escuchó que era hora de irse. “¿Pa México? Le dije no, yo dije que iba a hablar con mi abogado”, explicó.
Con la promesa de que su defensa llegaría, dice María, el ICE le dio a firmar unos documentos. No vio que se trataba de su segunda deportación. “Estaba destrozada, mis hijos se iban a quedar solos. Temía por mi vida, yo temía porque ahí en Guerrero comenzaron los secuestros”, afirmó.
La inseguridad la hizo moverse hacia la frontera. Mientras buscaba un trabajo en Sonora, su hija Cynthia protestaba, gritaba y pedía ayuda. Se manifestó en la Universidad de Arizona, en las calles de Tucson, de Phoenix y hasta en Washington. “Usé esa experiencia para organizarme, para meterme en organizaciones”, dijo su hija.
Tres años después tuvo a su mamá de vuelta. “Como 150 personas que habíamos sido deportadas injustamente y una campaña fue que nos entregamos en la frontera de Tijuana era una campaña grande: bring the home, round 3”, destacó María. María entró a Estados Unidos y le dieron un permiso de trabajo. Hasta la semana pasada era suficiente.
Pero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para expulsar a los migrantes indocumentados con antecedentes criminales.
“Son políticas anti humanas que han decidido quién es el malo de la película… ahhh! Los migrantes, los migrantes siempre van a ser”, señaló Isabel García, abogada vocera de Coalición Derechos Humanos Arizona.
“Más de la mitad de todos los cargos criminales en contra de gente son por el acto de entrada ilegal, ese es el delito más penado. Uno como sociedad decide cómo vamos a evaluar los crímenes, uno tiene que evaluar”, refirió la abogada García.
Mientras se define su situación, Cynthia y María seguirán ayudando a migrantes indocumentados: Cynthia en Tucson, desde la Universidad de Arizona, donde ha estudiado los últimos cuatro años y María en Phoenix, a través de la organización PuenteAZ.
Con información de Ana Lucía Hernández
KAH
