SCJN valida resguardo domiciliario y temporalidad de medidas cautelares

SCJN valida el resguardo domiciliario

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Twitter @SCJN/Archivo)

En la sesión de este martes, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional el uso de la geolocalización en tiempo real que se utilizó desde el año 2014 al 2016, que le permitía a la Procuraduría General de la República (PGR), y las procuradurías estatales, ubicar los aparatos celulares de presuntos delincuentes sin orden de un juez y para cualquier delito.

El proyecto propone que desde los puntos de vista que consideramos, que no invade el derecho a la privacidad, no se satisface esta exigencia de que tiene que ser una medida excepcional y que no puede cualquier delito quedar a discreción del Ministerio Público, la geolocalización puede ser un muy buen instrumento para la persecución e investigación de los delitos”, indicó Javier Laynez, ministro de la SCJN.

La Suprema Corte aclaró que, en este caso, en julio de 2016, el Código Penal fue reformado para que la geolocalización pueda ser utilizada en tiempo real, mediante la autorización de un juez y cuando esté en riesgo la vida de una persona o en delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada.

Por otra parte, al continuar con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el pleno de la Suprema Corte resolvió otros 2 planteamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales que tienen que ver con la validez del resguardo domiciliario y la temporalidad de las medidas cautelares.

En ambos casos, por mayoría de votos, el pleno de ministros determinó como válidos la constitucionalidad del resguardo domiciliario, como medida cautelar en contra de un detenido y la temporalidad de las medidas cautelares.

El próximo jueves se analizará la validez del arresto hasta por 15 días y el derecho que tiene un acusado de solicitar la asistencia jurídica internacional.

Con información de Mario Torres.

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