La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación ante un juez federal, del actual delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como de su antecesor, José Manuel Ballesteros López, actual diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
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En votación unánime, el Pleno resolvió que tanto el actual delegado, como su antecesor, se encontraban en desacato pues omitieron cumplir con el amparo que un juez federal otorgó a 4 trabajadores de la delegación, en 2014, para que fueran reconocidos como verificadores de Venustiano Carranza, con el salario y las prestaciones que implica el cargo.
El ministro José Fernando Franco González Salas, expuso a los integrantes del Pleno, que ni el actual delegado, ni su antecesor presentaron evidencia de que los cuatro trabajadores hubieran recibido la compensación y puesto que les corresponde, razón por la que se encontraban en desacato a una orden judicial.
“Tanto la Sala responsable como el juez de distrito, requirieron en diversas ocasiones al jefe delegacional el acatamiento del fallo. La referida autoridad responsable ha sido omisa en cumplir de manera total con el fallo protector e incluso justificar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las causas del incumplimiento”, afirmó el ministro.
Sin mayor discusión, los once ministros del Pleno votaron a favor de declarar en desacato al delegado Israel Moreno Rivera y a su antecesor, el diputado local, José Manuel Ballesteros López, razón por la que ordenaron la consignación de ambos ante un juez federal.
“Debe quedar inmediatamente separado de su respectivo cargo Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, así como también ordenar su consignación; al igual que a José Manuel Ballesteros López, titular anterior de dicha Delegación, ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno”, dijo el ministro José Fernando Franco González Salas.
De acuerdo con la Ley de Amparo, las penas por incumplimiento de sentencia, van de los 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a mil días, así como destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar cualquier otro cargo público.
Con información de Carolina Altolaguirre
KAH/AGHO
