No se podrá conocer la identidad del personal administrativo, ministerios públicos, peritos y policías ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Superam Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el mandato del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar los nombres de los funcionarios públicos a un particular que hizo la solicitud de información.
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“Revelar nombre y cargo de los ministerios públicos, representa revelar la capacidad del Estado, la capacidad de fuerza del 73 por ciento de los ministerios públicos, revelar los cargos del personal operativo sustantivo significa entregar todos los datos concentrados de 9 mil 94 servidores públicos encargados de la investigación y persecución de los delitos federales”, indicó Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN.
Por el ordenamiento del INAI, la FGR ya había entregado los nombres del personal administrativo de las Subprocuradurías de Control Regional, de Delitos Federales y de Derechos Humanos, pero se negó a entregar la información de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, por lo que el asunto llegó a la Corte.
El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek proponía que dicha información se entregará, sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría.
“El personal administrativo tendría acceso y conocimiento de los operativos que se realizan, incluyendo el número de personas que se destinan a cada uno de ellos e incluso el armamento con el que cuentan y quiénes van a participar, tiene el conocimiento de los turnos de asuntos, así como los nombres de imputados y víctimas; tienen acceso a las rutas operativas y otros datos de logística, en fin, el simple hecho de tener conocimiento o acceso a los mismos me parece que representan un área de vulnerabilidad en caso de que la Fiscalía se encuentre obligada a proporcionar los datos”, refirió Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.
Los ministros precisaron que, aunque las resoluciones del INAI son inatacables, existen supuestos relacionados con la seguridad pública.
Con información de Jessica Murillo
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