La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Paul Henri Giménez, un ciudadano francés que resultó gravemente lesionado durante el accidente aéreo en el que falleció el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El 4 de noviembre de 2008, día del accidente, Paul Henri manejaba su automóvil en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando el fuselaje del avión cayó sobre su vehículo.
Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y a la fecha fecha continúa en tratamiento médico en Estados Unidos.
El ciudadano francés, Paul Henri, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la reparación del daño que sufrió en este accidente.
Aunque las autoridades se negaron a indemnizarlo, argumentando que sus lesiones fueron resultado de un accidente fortuito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí tenía responsabilidad, pues incurrió en irregularidades administrativas durante el accidente.
Sin embargo, el Tribunal determinó que esta indemnización no podría ser mayor a 20 mil salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, pues así lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Paul Henri solicitó el amparo de la justicia ante esta decisión, señalando que en el accidente sufrió daños permanentes e irreversibles a su salud, que además de ser altamente costosos, le impiden trabajar.
Este miércoles, los ministros de la Segunda Sala de la Corte le dieron la razón, señalando que establecer un tope para la indemnización a la que tienen derecho las víctimas es inconstitucional, pues impide al Estado cumplir con la obligación que tiene de resarcir en su totalidad a las víctimas.
Por ello, ordenó regresar el caso al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que emita una nueva sentencia en la que, sin poner ningún tope, determine el monto que deberá pagarse a Paul Henri, no sólo para atender sus lesiones, sino también por lo que legalmente se conoce como “lucro cesante”, es decir, la cantidad de dinero que el ciudadano francés habría generado con su trabajo a lo largo de toda su vida de no haber sufrido este accidente.
Adicionalmente, ordenaron al Tribunal revisar nuevamente si la Secretaría de Gobernación pudiera tener alguna responsabilidad en el caso por la que también tuviera que indemnizar a esta víctima.
Con información de Carolina Altolaguirre.
LLH
