Las familias que acusan negligencia en la búsqueda y reconocimiento de restos de personas desaparecidas y asesinadas en Veracruz “tienen razón”, reconoció Jorge Winckler, fiscal general del estado, “porque durante el gobierno de Javier Duarte engañaron a las familias y no se hizo confronta para la identificación del ADN”.
En entrevista telefónica para Despierta con Loret, el funcionario estatal afirmó que en la administración anterior había “desorden total en relación con los cuerpos que se encontraban y se enviaban a fosas comunes, sin tomarles muestras”.
El fiscal argumentó que está en contacto permanente con colectivos que apoyan la búsqueda de desaparecidos, pero hay situaciones que impiden avanzar más rápido porque “el saqueo en Veracruz también llegó a servicios periciales y prácticamente no existe forma de que se lleve a cabo el trabajo”.
Jorge Winckler subrayó que actualmente cuentan con apoyo de la Policía Científica de la Procuraduría General de la República, de la Cruz Roja Internacional e instancias particulares.
Lamentó que “Veracruz es una fosa enorme, cuando se terminen de abrir los entierros clandestinos en el estado se verá que es la fosa más grande, porque durante años el crimen organizado despareció y asesinó personas con la complicidad de las autoridades”.
Destacó que, en un solo predio, en el que han avanzado menos de 30% en la búsqueda han encontrado 250 cráneos.
Jorge Winckler informó que han comenzado a tomar nuevas muestras de perfiles genéticos a las familias de los desaparecidos y señaló que han identificado restos forenses a través del trabajo de la Policía Científica y laboratorios certificados.
Dijo que “han recuperado más de 150 personas que estaban declaradas como desaparecidas”.
Además, en la administración de Duarte, “Veracruz sólo reconocía más de 300 desaparecidos, pero ahora sabemos y reconocemos que son más de 5 mil, de los cuales nos falta encontrar a 2,400. La gente ahora puede saber a quién buscamos”.
Jorge Winckler reconoció que “hay desesperación entre las familias” y pidió ayuda a las instancias internacionales que deseen sumarse a la búsqueda y apoyar para que los ciudadanos encuentren a sus familiares.
En el caso de Flavino Ríos, el fiscal general informó que el exgobernador interino se reservó su derecho a declarar y pidió la ampliación del término constitucional para presentar evidencia en su favor.
Además, dijo, más de 300 funcionarios de la administración de Javier Duarte son investigados por diversos delitos.
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