POLíTICA

Santiago Nieto pide prisión preventiva para delitos electorales

Actualmente, el único delito que se castiga con la prisión oficiosa es el uso de recursos públicos a través de los programas sociales para la compra del voto

Especialistas en materia electoral, entre ellos Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, coincidieron en hacer un llamado al Poder Legislativo para que se cumpla con varias reformas que necesita tanto la Constitución, como la Ley Federal Electoral, para castigar con prisión preventiva oficiosa varios delitos electorales que se podrían cometer durante el proceso electoral del 2021.

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Al participar en una conferencia organizada por el Colegio de Profesores Investigadores con actividades Académicas en Universidades Extranjeras de Excelencia, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo y quien fuera fiscal de Delitos Electorales, habló sobre la importancia de lograr que se modifiquen varios artículos de la Ley Federal en materia electoral, por ejemplo dijo, se pueda castigar el financiamiento ilícito y el peculado electoral.

“Así lo plantee en la Cámara de Diputados, me parecía más relevante que el artículo 15, que habla de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece el delito de financiamiento ilícito a los partidos políticos debiera ser un delito considerado con prisión preventiva oficiosa, esto porque se trata de un delito equiparable al lavado de dinero”, señaló Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.

El director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gerardo García Marroquín, apoyó esta misma petición y agregó que también se debe castigar el uso de recursos públicos en las consultas internas de los partidos.

“Hemos pedido al Poder Legislativo se establezca que no nada más en los cargos de elección popular se contemple alguna sanción si se usan los programas sociales, sino también dentro de los procesos internos de los partidos políticos”, indicó Gerardo García Marroquín, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Ambos coincidieron en que actualmente, el único delito que se castiga con la prisión oficiosa es el uso de recursos públicos a través de los programas sociales para la compra del voto.

Con información de Mario Torres.

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