Corte ordena fijar salario del presidente con objetividad

Pleno de la Corte analiza la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. (Twitter)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena al Congreso de la Unión fijar objetivamente los parámetros del salario del presidente.

Para establecer los parámetros y los procedimientos para la determinación de la remuneración del Presidente de la República se debe tomar en cuenta todas las asignaciones que éste recibe, es decir, no sólo las que percibe en efectivo, con referentes precisos y objetivos, sino también aquellas que recibe en especie como puede ser habitación, menaje de casa, alimentación, transporte, servicios de salud […] solamente así se tendrá un parámetro real del ingreso y permitirá una base objetiva que garantice a todo servidor público el goce de una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades”, apuntó el ministro Luis María Aguilar.

La mayoría del pleno decidió invalidar porciones de los artículos sexto y séptimo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El ordenamiento reclamado no contiene, como lo ordenó el poder reformador, elementos, bases, procedimientos o metodología alguna para la determinación objetiva y regular de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, lo que, al no cumplirse, provoca que el parámetro referencial se fije de manera discrecional causando incertidumbre al generar, precisamente el mismo efecto que se pretendió abatir, la arbitrariedad en la fijación del sueldo burocrático a la alza y a la baja” consideró el ministro Alberto Pérez Dayán.

Al concluir el análisis de la ley que topa los salarios de los funcionarios públicos, los ministros también invalidaron, con efectos retroactivos, los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal que habla del pago o recibo indebido de remuneraciones.

El legislador no tomó en cuenta que los servidores públicos no necesariamente son partícipes de un pago en demasía ya que son las unidades administrativas correspondientes de los entes públicos quienes operan la nómina […] de ahí que la conducta que se pretende punir parte de base incierta que genera inseguridad”, insistió Pérez Dayán.

Los legisladores tendrán que atender el ordenamiento judicial durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre y concluye en diciembre.

(Con información de Jessica Murillo)
tfo

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