Por mayoría de votos, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificaron la inhabilitación para ocupar un cargo público por 10 años a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de la (Sedatu) en la anterior administración, y quien se encuentra en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de omisión en el ejercicio indebido del servicio público.
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En la sesión de este miércoles, el magistrado Carlos Mena Adame explicó que el 10 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública determinó que Rosario Robles, en su carácter de titular de ambas secretarías de Estado, entre los años 2013 a 2017, fue responsable en diversas cuestiones administrativas en su evolución patrimonial porque no reportó la existencia de una cuenta bancaria, por lo que se le impuso como sanción la inhabilitación para ocupar un cargo público por 10 años.
Rosario Robles interpuso juicio en contra de la sanción
Rosario Robles interpuso juicio en contra de la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de que se le aplicó una ley inexistente.
“La actora sostiene que fue ilegal, que a las conductas imputadas se les debe aplicar el régimen de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, argumento que resulta infundado… a la demandante se le atribuye la infracción relativa a que, en sus declaraciones patrimoniales presentada en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 omitió reportar una cuenta bancaria”, dijo Carlos Mena Adame, magistrado del TFJA.
El magistrado Carlos Mena explicó que al analizar el recurso que interpuso Rosario Robles contra su inhabilitación, quedó demostrado que tenía la obligación de reportar la existencia de una cuenta bancaria a su nombre, aunque haya sido de nómina y se haya aperturado en febrero de 2008, varios años antes de ocupar el cargo como secretaria de Estado.
“Al estudiar las pruebas en base a las cuales, la autoridad presentó las infracciones imputadas, en observancia al principio de presunción de inocencia… se concluye que, en el caso, la autoridad sí acredita la existencia de la responsabilidad imputada a la demandante… como conclusión, la actora no presentó con veracidad sus declaraciones patrimoniales”, destacó Carlos Mena Adame, magistrado del TFJA.
El magistrado aseguró que la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública a Rosario Robles, no fue excesiva, porque se le aplicó la sanción mínima, pues la máxima era una inhabilitación hasta por 20 años.
Con información de Mario Torres
HVI
