El exdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato defendió la legalidad de sus remuneraciones como conferenciante ante la Justicia española, que lo investiga por un presunto fraude.
Rato, ministro de Economía en España de 1996 a 2004, declaró este lunes ante el juez que investiga el origen de su patrimonio que cobró de forma legal, igual que “muchas otras personas”, ya que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas”.
El antiguo director del FMI (2004-2007), en declaraciones a los medios de comunicación, insistió en que Hacienda sólo ha recurrido a la vía penal en su caso, en un “claro caso de discriminación” en tanto que “otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores a las mías” no se les ha atribuido delito fiscal alguno.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1.7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), el año de mayor volumen.
En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exdirector del FMI responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672,329 euros (823,600 dólares al cambio actual).
Esta cuantía “superaría los 120,000 euros” establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.
Rodrigo Rato, además de esta causa que investiga presuntas irregularidades fiscales en su patrimonio, está también procesado por falsedad contable y estafa de inversores por la salida a bolsa de Bankia, entidad bancaria que se constituyó en España partir de la unión de varias Cajas de Ahorro, la más importante de ellas Caja Madrid.
Además, ya fue condenado en febrero de 2017 a 4.6 años de cárcel por usar tarjetas opacas al fisco durante su etapa al frente de Caja Madrid.
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Con información de EFE.
RAMG
