A días de que se cumplan 4 años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, se reportan disturbios y actos vandálicos en la sede del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
En redes sociales circulan fotografías de personas encapuchadas que lanzan bombas molotov y petardos afuera del cuartel militar en esa ciudad guerrerense. Otro reportes indican que varios autobuses fueron tomados por manifestantes.
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el balance del primer año del seguimiento a las investigaciones del caso Iguala, acordado entre ese organismo, las familias de las víctimas y el estado mexicano. El organismo internacional señaló que las autoridades mexicanas han actuado sin celeridad para determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014.
La investigación ha sido exageradamente lenta, paquidérmica, ha sido endémica, no puedo concebir que llevamos ya tres años y medio y no tengamos realmente un resultado fehaciente”, aseveró Luis Vargas, comisionado de la CIDH.
En un comunicado, la CIDH señaló que:
“El paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones”.
Los comisionados de la CIDH señalaron que a más de tres años de los hechos, han observado “falta de celeridad” por parte de las autoridades mexicanas para llegar a las conclusiones del caso, al que calificaron como “una tragedia mayúscula para México y la comunidad internacional”.
Los dos relatores del caso avalaron el fallo del Tribunal Federal que ordenó la creación de una comisión de la verdad.
A la fecha no se ha realizado un cambio en la narrativa del caso que deje atrás la ‘verdad histórica’ que el Tribunal ha señalado como una verdad insostenible, y en congruencia tiene que haber una nueva narrativa, las investigaciones siguen fragmentadas, los expedientes estatales no se han logrado integrar en su totalidad, no hay consignaciones por desaparición forzada, no hay detenciones de actores estatales por acción u omisión”, señaló Esmeralda Arosementa, relatora de la CIDH.
Este mismo mes, la CIDH destacó que el delito debe catalogarse como desaparición forzada y no solo como delitos de la delincuencia organizada y ejercicio ilícito de servicio público y secuestro. No hay nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales, dijo, y se requiere esclarecer la participación tanto de la Policía Federal como del Ejército esa noche, debido a las contradicciones en las entrevistas a militares del Batallón 27.
Con información de El Sol de Acapulco y En Punto
MLV
