Un hombre murió y docenas de personas resultaron heridas el jueves, al cumplirse 12 días de protestas encabezadas por indígenas para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso que implemente diversas medidas económicas, incluida la reducción del precio de la gasolina.
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Las manifestaciones se han tornado más violentas en los últimos días y el jueves derivaron en enfrentamientos con militares y la policía antidisturbios en Quito y otras ciudades del país andino, a pesar del llamado del máximo líder indígena a evitar la violencia y los desmanes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) identificó al fallecido como Henry Quezada Espinoza, de 40 años, quien era parte de las protestas en las inmediaciones de la Asamblea y que, según la organización, murió por heridas de perdigones en el tórax y el abdomen.
Las autoridades reconocieron que hubo un fallecido y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que estaban “consternados”. Christian Rivera, un paramédico voluntario que atendió a Quezada en el lugar de las manifestaciones, dijo a The Associated que el hombre estaba “herido grave por perdigones” y que en el sitio se había atendido a una centena de personas heridas, entre manifestantes, militares y policías. La CONAIE reportó posteriormente la muerte de Quezada.
No está claro quién habría disparado los perdigones. Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que el gobierno no ha proporcionado ningún arma de perdigones al personal policial y que el jueves sólo llevaban gases para dispersar a los manifestantes. Afirmó que en las inmediaciones de la Asamblea, las fuerzas policiales fueron recibidas con disparos de “carabinas”.
Carillo añadió que se realizará la autopsia de Quezada para determinar la causa de muerte y que pedirán el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. “Van a ver que la policía no tiene participación”, dijo.
Esta es la tercera muerte reportada en el contexto de las protestas, aunque Quezada sería el primer muerto en medio de enfrentamientos. Los otros dos fallecimientos ocurrieron en los últimos días: un hombre que rodó por una cañada cuando al parecer huía de un cerco policial y otro que falleció en la localidad de Puyo, pero sin que se precisaran las causas.
Los enfrentamientos del jueves ocurrieron cuando indígenas se lanzaron durante la tarde hacia el edificio de la Asamblea en Quito, donde fueron repelidos por los policías y militares.
Poco antes de los incidentes, el máximo dirigente indígena, Leonidas Iza, había dicho que se mantendrían firmes en que se resuelvan los 10 puntos que demandan, pero pidió que no se recurriera a la violencia.
La CONAIE inició el 14 de junio una protesta nacional en reclamo de la reducción del precio de la gasolina de 2,55 dólares a 2,10 dólares el galón, la fijación de precios por decreto de productos agropecuarios y el aumento del presupuesto para la educación intercultural como parte de una agenda de 10 exigencias.
Las actuales protestas recuerdan otras de octubre del 2019, durante las cuales indígenas también protestaron por días en Quito ante la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar parcialmente un subsidio estatal a los combustibles. A raíz de las protestas el entonces gobernante tuvo que dar marcha atrás a esa iniciativa.
Al caer la noche, miles de ciudadanos, vistiendo mayoritariamente camisetas blancas y ondeando banderas nacionales, se concentraron al norte de la capital para exigir con pancartas y gritos como “Quito quiere paz”, “Quito se respeta” y otros reclamando el fin de las protestas y la reanudación de las actividades cotidianas. Similares demostraciones se realizaron en menor magnitud en otras ciudades como Guayaquil.
Las manifestaciones están impactando a sectores privados y públicos de la economía del país andino, según las autoridades.
La estatal Petroecuador informó por la tarde que a causa de las protestas se ha dejado de producir cerca del 40% del petróleo (unos 451.914 barriles) de los campos de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la amazonía, y se han cerrado 781 pozos, generando pérdidas por 45 millones de dólares, según estimaciones de la empresa. La cifra no contempla los daños a la infraestructura petrolífera, robos y sabotaje de equipos, entre otras acciones, indica.
Señaló que también se ha detenido la operación del principal oleoducto del país, el Transecuatoriano, de varias centrales de generación eléctrica de bloques petroleros y de oleoductos más pequeños. Esta semana esa empresa declaró el estado de fuerza mayor para evitar demandas y multas por el incumplimiento de la entrega de crudo. El petróleo es el principal producto de exportación de este país.
Añadió que para distribuir combustibles se ha pedido la custodia de la fuerza pública, pero debido a los bloqueos, los tanqueros no siempre llegan a su destino.
Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas desde el lunes con ataques a bienes privados, vehículos, inclusive ambulancias, así como saqueos a negocios.
Las ciudades de Ibarra, Cayambe, Otavalo, Latacunga, Ambato y Cuenca, entre las más importantes, casi no cuentan con reservas de gasolina y gas de uso doméstico y la provisión de alimentos es mínima debido a los cortes de carreteras, según las autoridades.
Con información de AP
KAH
