El caso de los cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) atacados la noche del pasado martes 3 de abril, en calles de la delegación Gustavo A. Madero, ocurre en un “contexto de violencia que han sufrido también otras instituciones”, pero marcado ahora por “un nivel inusitado que, de ninguna manera, puede aceptarse, ni por nuestra comunidad, ni por las autoridades de la Ciudad”, señaló en conferencia de prensa el rector de dicha institución educativa, Hugo Aboites Aguilar.
El caso de los cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) atacados la noche del pasado martes 3 de abril, en calles de la Delegación Gustavo A. Madero, ocurre en un “contexto de violencia que han sufrido también otras instituciones”, pero marcado ahora por “un nivel inusitado que, de ninguna manera, puede aceptarse, ni por nuestra comunidad, ni por las autoridades de la Ciudad”, señaló en conferencia de prensa el rector de dicha institución educativa, Hugo Aboites Aguilar.
En un comunicado de prensa, al hacer un recuento del caso, señaló que fueron tres los estudiantes asesinados (Héctor Antonio Sarmiento, Jorge Gustavo Martínez Olivo y Miguel Omar Arteaga Cabrera, los tres, estudiantes de Ciencia Política y Administración Urbana), otro se encuentra hospitalizado con heridas en el cuello y en la columna vertebral, que ponen en peligro su vida (Sergio Manuel Antonio Sarmiento, estudiante de Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales y hermano de Héctor), y uno más, Carlos Esquivel, quien se encontraba detenido, pero que fue puesto en libertad la noche del 5 de abril.
En este último caso, el abogado general de la universidad, Alfredo Domínguez Marrufo, señaló que sus familiares presentarán este viernes una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México “por abuso policiaco, pues gran parte de la ‘ola mediática’ en contra de nuestra universidad y de sus estudiantes se originó en el reporte que hicieron (las fuerzas policiales)”, apuntó el abogado de la institución.
En su declaración ante la autoridad Ministerial, el alumno detenido señaló que “se quedó en el lugar de los hechos dialogando con uno de los padres de los occisos, incluso ellos son quienes pidieron auxilio al 911 y, cuando llegaron los agentes, le pidieron que declarara como testigo de los hechos, el estudiante accedió, subió voluntariamente a la patrulla como testigo y víctima (también recibió un disparo de diábolo en una pierna), pero es entonces, cuando, ya en la patrulla, lo cuestionan acerca de qué hacía en el lugar, le piden que tome con su mano derecha un arma que traían los propios policías y cambió, momentáneamente, su situación de testigo y víctima a presunto responsable”.
“Eso hizo que se prolongaran las investigaciones, pero es la Procuraduría quien logra esclarecer que el arma presentada no tenía nada que ver con el alumno detenido, a ello se agregaron las declaraciones del padre de uno de los estudiantes fallecidos en el sentido de que este joven dio aviso de los hechos y lo acompañó”.
“El propio estudiante ya presentó una denuncia en la Procuraduría por este abuso”.
Las autoridades universitarias añadieron que “a todos (los estudiantes) se les practicó un examen toxicológico y no resultaron positivos a alguna droga. La propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México descartó que el incidente se tratara de un problema por una disputa de territorio del narcomenudeo o semejante. Todos eran estudiantes regulares, algunos con muy buenos promedios, y la mayoría tenían un trabajo”.
Por ello, reiteraron la exigencia a las autoridades correspondientes para que “se haga justicia, se encuentre y procese a quien o quienes resulten responsables de la agresión brutal” contra estos estudiantes y que “se atienda de manera integral” al estudiante herido, además de valorar de manera apropiada y siguiendo el debido proceso, las pruebas en torno al estudiante que fue detenido y ya se encuentra en libertad.
Durante la misma conferencia de prensa, un grupo de estudiantes de diversos planteles de la universidad leyeron un comunicado para presentar su inconformidad ante lo que consideraron “pasividad” por parte de las autoridades de la UACM, “principalmente de rectoría”, por “confiar en las autoridades y mostrarse pasivas ante los hechos”, así como por “hacer caso omiso a los reclamos y propuestas de seguridad de la comunidad universitaria”.
Señala que la estudiante de Derecho, Renata Aguilar, y también consejera universitaria, denunció que la delegación Gustavo A. Madero tenía conocimiento de que la zona del ataque “es un punto rojo, pedimos una cita para revisar la situación de inseguridad, nos dieron el contacto del Comandante Mario Alberto Salazar quien se ofreció a dar acompañamiento a los chicos, pero la reunión previa del 22 de marzo con él fue cancelada.” Añadió que: “somos estudiantes y nuestro derecho a estudiar no debería quitarnos nuestro derecho a vivir”.
En el comunicado, los estudiantes acusaron además a algunos medios de comunicación de propiciar un clima que “descalifica, criminaliza y revictimiza” a los jóvenes, contribuyendo así a “inculpar inocentes y exculpar a los delincuentes, intentando hacer creer a la opinión pública que se trataba de jóvenes involucrados en la delincuencia organizada”.
Exigieron “justicia pronta y expedita para las familias de los estudiantes asesinados y del estudiante herido; así como castigo a los culpables. Castigo a los policías que inculparon al estudiante Carlos Esquivel, mediante la acusación infundada de portar un arma de fuego; cese a la política del Estado mexicano encaminada a violentar de manera sistemática los derechos humanos y la vida de la juventud del país; así como que los gobiernos federal, estatal y delegacional garanticen la seguridad de los estudiantes en cada uno de los planteles de la UACM y de toda escuela pública”.
Asimismo, acusaron que no se trató de un caso aislado, sino parte de una “ola de violencia en contra de los jóvenes a lo largo y ancho del país”, que incluye “la desaparición de tres estudiantes de cine en Jalisco, los feminicidios ocurridos en la UNAM, la represión y persecución política en contra de estudiantes en el estado de Chiapas y en las Normales rurales de Tiripetío (Michoacán) y cañada Honda (Zacatecas), además de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
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Con información de la UACM.
RAMG
