Sindicatos y grupos de estudiantes comenzaron a marchar el miércoles 26 de mayo, en las capitales de los 32 departamentos de Colombia para exigir al Gobierno apoyo económico a los pobres y otras concesiones sociales, en una nueva jornada de protestas generalizadas que completan casi un mes.
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Las protestas, que comenzaron a finales de abril, presionaron al Gobierno y al Congreso a archivar una reforma fiscal para subir los impuestos y otra a la salud, mientras que provocaron la renuncia del anterior ministro de Hacienda.
Pero los manifestantes continuaron las protestas y ampliaron sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial, incluida la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Las protestas del miércoles 26 de mayo, exigen avances en lo que el Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos, grupos de estudiantes y otras organizaciones sociales, denomina un pliego nacional de emergencia.
Las demandas de amplio alcance, incluyen el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, una moratoria en el pago de hipotecas y servicios públicos durante cuatro meses y la derogación de las medidas de emergencia que, según los líderes de la protesta, empeoraron las condiciones de trabajo durante la pandemia.
La violencia marcó las manifestaciones de las últimas cuatro semanas con saqueos de establecimientos comerciales, actos de vandalismo contra bienes públicos y privados, además de enfrentamientos entre grupos de encapuchados y la policía.
El Gobierno asegura que sólo 17 muertes de civiles están directamente relacionadas con las protestas, mientras que grupos de derechos humanos afirman que la cifra es superior. Dos policías también fallecieron.
Además de las muertes, la Fiscalía General dijo que se mantiene la búsqueda de 129 personas reportadas como desaparecidas y que otras 290 fueron encontradas. Los grupos de derechos humanos afirman que el número de desaparecidos es mucho mayor.
Ante la condena internacional por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el Gobierno del presidente, Iván Duque, asegura que respeta la protesta pacífica, mientras que insiste en que se levanten los bloqueos de carreteras, que provocan desabastecimiento de alimentos y combustibles en todo el país.
Actualmente hay 73 bloqueos activos de carreteras, según el Ministerio de Defensa.
La empresa estatal petrolera Ecopetrol reportó a última hora del martes que no esperaba que las protestas afectaran su plan de inversiones para el año, aunque no podía predecir cuánto tiempo durarán las manifestaciones.
Con información de Reuters
GANR
