El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy al Tribunal Constitucional (TC) que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados hoy en el Parlamento de Cataluña para tramitar la ley que regula el referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre.
Rajoy reclama además que el TC tome declaración a la Mesa de la Cámara para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta de la Cámara regional, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado estas decisiones para admitir a trámite la ley del referéndum.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció esta medida por vulnerarse las sentencias y autos del TC, especialmente la de febrero de este año que establecía “con absoluta claridad” la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista.
Parlamento catalán debate sobre el referéndum independentista (EFE)
En una comparecencia oficial, Sáenz de Santamaría expresó la postura del Gobierno después de que el Parlamento Catalán aprobara tramitar la llamada ley de referéndum y que ésta se votara hoy mismo en la Cámara regional, en un accidentado pleno, con numerosas interrupciones y rifirrafes de entre la presidenta de la Cámara y los diputados no independentistas.
También avanzó que si la ley del referéndum se aprueba y “culmina este atropello de la democracia, por llamarlo de una manera fina” el Gobierno planteará un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, del mismo modo que si el Gobierno catalán “sigue adelante” también se recurrirán las decisiones que tome.
“Es un acto de fuerza, que no un debate político, contrario a la democracia, contrario a los derechos de los parlamentarios, a los derechos de los catalanes y a las competencias de los funcionarios”, dijo la vicepresidenta en referencia al pleno del Parlamento regional de Cataluña.
Y aseveró que los promotores del referéndum independentista catalán, al “querer imponer a toda costa” una decisión contraria a la Constitución, se acercan más a los “regímenes dictatoriales y autoritarios que a una democracia”.
La vicepresidenta recordó a la presienta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que ya está encausada por el Tribunal Constitucional por permitir que en la Cámara regional se tramitaran normas relacionadas con el proceso independentista, y subrayó que es la principal responsable de ordenar el debate de hoy.
Sáenz de Santamaría le advirtió directamente que votar esta norma tendrá “graves consecuencias”.
“Hemos puesto en marcha todos los mecanismos constitucionales para parar esta barbaridad democrática”, recalcó la vicepresidenta, quien insistió en que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer. “Y lo haremos en cada momento”, concluyó.
La petición del Gobierno para que se anulen los acuerdos adoptados por el Parlamento catalán será estudiada mañana por los miembros del Tribunal Constitucional, según fuentes de este
organismo.
Por otra parte, a Fiscalía Superior de Cataluña va a presentar una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, por aprobar la admisión a trámite de la ley del referéndum, informaron fuentes fiscales.
La querella la presentará la fiscalía entre hoy y mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de esa región.
MLV
