El Gobierno de Puerto Rico se dispone a trasladar a Estados Unidos a más de 3 mil 200 prisioneros de cárceles locales, con la finalidad de reducir el gasto público, anunció este lunes el secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez.
Por este motivo, las autoridades boricuas presentaron una solicitud en busca de un operador de prisiones en Estados Unidos que acoja a los primeros mil 200 confinados a ser trasladados. “Yo estimo que para mayo ya tendremos el operador”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
Rolón explicó que la iniciativa es parte de las propuestas incluidas en el Plan Fiscal que el Gobierno de Puerto Rico sometió para a aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, la cual fue designada por el Gobierno de Estados Unidos para manejar las finanzas de la isla.
La medida apunta a ahorrar 105 millones de dólares en el curso de cinco años. Los ahorros se lograrán mediante la reducción del pago de horas extras y el cierre de instituciones carcelarias, dijo el funcionario.
El proceso se realizará por fases, la primera de las cuales contempla el mencionado traslado de mil 200 presos y el cierre de entre 3 y 4 cárceles.
Cuando se complete el traslado de los 3 mil 200 confinados totales, se habrá movido fuera del país cerca de una tercera parte de la población penal, que hoy asciende a 9 mil 600 y que implica un costo diario de entre 99 y 200 dólares por cada preso.
El funcionario argumentó, por otro lado, que el traslado de confinados será voluntario, lo que es cuestionado por organizaciones locales defensoras de derechos civiles que temen que pueda haber represalias contra aquellos reos que no acepten participar en el programa.
“Nos vamos a enfocar en los confinados que están próximos a salir y obviamente necesitan, de inmediato, tener una alternativa adicional de rehabilitación”, dijo. Se refirió específicamente a los prisioneros a los que le queden menos de cinco años de cárcel y que quizás estén en custodia mínima, aunque aclaró: “No nos vamos a limitar a eso”.
El Plan Fiscal que en estos momentos es “negociado” con la Junta apuesta a un recorte masivo en el gasto público en estos cinco años, como mecanismo para cuadrar eventualmente su presupuesto y reanudar el pago de la deuda pública.
Puerto Rico tiene una deuda acumulada de cerca de 72 mil millones de dólares, que el Gobierno ha dicho que no puede pagar en los términos actuales, por lo que, para protegerse de sus acreedores, acudió a un tribunal especial de quiebras de Estados Unidos, que evalúa en estos momentos el caso.
Con información de DPA.
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