Cientos de partidarios de la independencia catalana protestaron el lunes por la visita del rey Felipe VI y la reina Letizia a la región noreste como parte de una gira de los monarcas por España destinada a levantar los ánimos en medio de la pandemia de coronavirus.
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La visita se realiza mientras se han filtrado a la prensa acusaciones contra el padre del rey, el exmonarca Juan Carlos I, de que escondió millones de euros libres de impuestos en el extranjero.
Los fiscales de la Corte Suprema están determinando si el rey emérito puede ser investigado por recibir los fondos de Arabia Saudí, posiblemente como sobornos para un proyecto ferroviario de alta velocidad. Juan Carlos no ha abordado públicamente las acusaciones en su contra.
Con ese telón de fondo, la pareja real inició una visita a las 17 regiones de España que fue diseñada como una muestra de apoyo para los ciudadanos y la economía a medida que se recupera de la primera ola de la pandemia.
La gira por Cataluña se planeó inicialmente para la semana pasada e incluía varias ciudades y Barcelona, pero la monarquía la pospuso y la redujo a una breve visita a un monasterio debido al aumento en los casos de virus en y alrededor de la capital regional.
El lunes, los manifestantes llevaban fotos de cabeza y carteles con el mensaje “Cataluña no tiene rey” durante una marcha organizada por ANC, una organización civil que apoya la independencia de la región.
La marcha se dirigía al Monasterio Real de Poblet, donde el rey y la reina estaban de visita, pero la policía impidió el acceso a la carretera principal.
Los trenes regulares y de alta velocidad que iban y venían de la ciudad catalana de Girona, en el norte, también se retrasaron o cancelaron debido a “actos de vandalismo”, según un tuit del operador ferroviario español, ADIF. Una foto que circulaba en aplicaciones de mensajería mostraba neumáticos incendiados en los ferrocarriles junto a un letrero que mostraba la imagen tachada de una corona al revés.
Las tensiones entre los separatistas en Cataluña, que tiene una población de 7.5 millones, y los que apoyan la unidad española llegaron a un punto crítico a fines de 2017, cuando se realizó un referéndum vetado por Madrid que condujo al enjuiciamiento de funcionarios y activistas catalanes.
Con información de AP
AOV
