Estos dos hermanos son Marco Antonio y Abraham Albarrán Salas. Tienen más de 6 años presos en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, acusados de homicidio.
Seis años presos, dicen, a pesar de ser inocentes y de un proceso que sus abogados consideran ha estado plagado de irregularidades.
La madrugada del 11 de septiembre de 2010 fue asesinado a golpes Federico Estrada Martínez, de 17 años de edad, en el cruce de Volcán Monte Alegre y Volcán Iztaccihúatl, de la colonia Pedregal Santa Úrsula, en la delegación Tlalpan, al ir en camino a esta tienda a resurtir caguamas en compañía de hermanos y amigos.
Según las distintas declaraciones de su familia, los agresores fueron los Albarrán Salas, hoy sentenciados a 23 años de cárcel.
Esas mismas declaraciones tienen múltiples contradicciones, según hacen ver sus abogados.
Quienes iban con la víctima esa madrugada, un hermano, un cuñado y un amigo, aseguraron que la agresión se dio después de las 2:30 de la mañana, cuando un taxi les cerró el paso y fueron agredidos con piedras y palos.
Sin embargo, la notificación del hospital general ‘Dr. Manuel Gea González’ muestra que Federico ingresó a la 1:36 de la mañana ya inconsciente; la diferencia, de más de una hora.
Otra contradicción se da en las declaraciones de Alfredo Estrada Martínez y Raúl Estrada Martínez, hermanos de la víctima.
Alfredo dijo que mientras estaba en su casa, Raúl llegó para avisarle de la agresión y pedirle ayuda, pero Raúl dijo que el apoyo se lo solicitó en una llamada telefónica.
Irregularidades de la autoridad también fueron parte de este proceso. El Ministerio Público de Tlalpan giró un oficio de localización de los hermanos Albarrán, a pesar de que el papá de la víctima dijo desconocer quién o quiénes habían agredido a su hijo y a pesar de que los hermanos de la víctima sólo mencionaron literalmente a ‘Marcos NN, alias El Perico y a su hermano’, sin ningún apellido, y ninguna característica física.
Una versión inicial de los hechos no se conoció en las primeras declaraciones después del asesinato, sino hasta que los tres policías de investigación Alfredo Contreras Muñoz, Manuel Damián Santos y Gerardo Cruz Tetetla se reunieron con Raúl Estrada Martínez, hermano de la víctima.
En ese encuentro, según consta en el informe de investigación, Raúl Estrada Martínez describió entre otras cosas que El Panta, como identifica a Abraham Albarrán Aalas, tenía 17 años y un piercing en la ceja.
Pero en ese momento, Abraham Albarrán Salas tenía 24 años de edad y en el documento de reseña del Reclusorio no se menciona cicatriz por perforación.
Raúl Estrada Martínez también señaló que el hermano del Panta, es decir Marco Antonio Albarrán Salas, tenía aproximadamente 35 años de edad, y que era de complexión robusta.
Marco Albarrán Salas tenía en ese momento 19 años y su documento de reseña muestra que es de complexión delgada.
Otra irregularidad en la averiguación previa señalada por sus abogados se dio al momento de la identificación de los hermanos Albarrán Salas.
Las constancias levantadas por el Ministerio Público demuestran que no tenían defensor de oficio y que sus papás dijeron que irían por uno.
Contrario a lo que dictan las normas internacionales, la autoridad tomó la declaración de Raúl Estrada Martínez, el hermano de la víctima, quien dijo identificar a los hermanos Albarrán a través de la Cámara de Hesell.
Tanto la declaración de Raúl Estrada Martínez, como la de su cuñado Ángel Álvarez Castillo y su amigo Gerardo Correa Hernández presentan las mismas palabras y hasta las mismas muletillas en los mismos lugares. Es decir, su declaración parece más una copia firmada por los tres que hecha de manera espontánea por cada uno, dicen los defensores.
A pesar de ello, la juez Dalila Sánchez López calificó la detención válida y dio un auto de formal prisión para los hermanos Albarrán Salas.
Durante el proceso, los hermanos Albarrán Salas también enfrentaron desestimación de pruebas claras a favor de su inocencia.
Por ejemplo, Marco Antonio presentó el control de registro y asistencia en su trabajo de almacenista en la empresa Marzam, y con el cual demostraba que la noche del asesinato trabajó el turno nocturno.
En el documento, avalado por el representante legal de la empresa, se puede apreciar que ingresó a laborar a las 9:30 de la noche del viernes 10 de septiembre y salió a las 5:30 de la mañana del sábado 11 de septiembre.
También entregó el reporte del comedor de empleados que muestra que tuvo su hora de comida a la 1:53 de la mañana, lapso en el que habría sucedido el homicidio.
A estas pruebas, la defensa añadió declaraciones de cinco compañeros de trabajo que aseguraron haber estado con Marco Antonio esa noche, en las instalaciones, en aquel entonces ubicadas en la calle Municipio Libre 198, de la colonia Portales. Una distancia, en coche, de más de 35 minutos del lugar del homicidio.
Marco Antonio Albarrán Salas, acusado de homicidio, dice que “es algo que te decepciona mucho que las autoridades que están para protegerte para darte una seguridad no de ten esa protección o que te hagan culpable de algo que no hiciste, ciertamente te da para abajo, te destruye completamente”.
Sobre Abraham Albarrán Salas, quien declaró estar dormido al momento del homicidio, también hay testigos que aseguran su inocencia.
Dos de sus vecinos de colonia, Aarón Martínez García y Blanca Hernández Torres, declararon haber pasado por el lugar de la agresión y en el momento en que sucedía. Los dos aseguraron que no se trataba ni de Marco Antonio ni de Abraham y que nunca en su antes en su vida habían visto a los agresores.
Pese a todos estos elementos presentados durante el proceso, el juez sexagésimo tercero de lo Penal del Distrito Federal, Víctor Elías Pacheco Patlán, los condenó a 23 años y 9 meses de prisión.
La defensa apeló, pero en segunda instancia los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Irma Inés Galván Monroy, María Estela Castañón Romo y Roberto Martín López confirmaron la sentencia.
La defensa promovió el amparo directo ante el Cuarto Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito, que tendrá la última decisión el próximo cinco de enero.
MLV
