El presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, intervendrá este jueves por la tarde en el Senado de España para argumentar su oposición a las medidas propuestas por el Gobierno para restaurar la legalidad frente al desafío secesionista de las autoridades catalanas.
El Senado ofreció ayer a Puigdemont debatir con el Gobierno el jueves o el viernes próximos en la Cámara Alta, que debe ratificar esas medidas el viernes.
También el viernes, el Parlamento de Cataluña votará la respuesta que da el legislativo catalán a esas medidas del Gobierno central, que incluyen la destitución de Puigdemont y todo su equipo al amparo del artículo 155 de la Constitución española.
Ese artículo permite que el Ejecutivo, con la autorización del Senado, asuma el ejercicio de las competencias de autogobierno de una región autónoma cuando sus gobernantes incumplan las leyes.
Puigdemont intervendrá en la tarde de mañana en la comisión parlamentaria específica de 27 senadores que está tramitando este asunto, que será votado definitivamente el viernes por el pleno del Senado, donde el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) cuenta con mayoría absoluta.
Mientras tanto, el presidente regional sopesa una respuesta que iría entre declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña o convocar elecciones autonómicas anticipadas con arreglo a la ley antes de ser destituido.
No obstante, existen discrepancias entre las diferentes fuerzas políticas española sobre si tal convocatoria sería una razón suficiente para suspender las medidas del Gobierno o no.
“Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos”, dijo al respecto el presidente del Gobierno español.
Rajoy insistió en que su objetivo es restaurar la legalidad, apostar por la convivencia y atajar las consecuencias económicas del proceso independentista.
Más de 1.500 empresas han trasladado su sede social desde la comunidad autónoma de Cataluña a otras regiones españolas por la incertidumbre política desde el referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.
Con información de EFE
MLV
