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AMLO prevé permanencia de fuerzas armadas en labores de seguridad

Plan de AMLO deja a fuerzas armadas en labores de seguridad

Andrés Manuel López Obrador presenta plan de seguridad nacional. (Notimex)

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que prevé la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la creación de una Guardia Nacional, y leyes especiales para la desintegración de grupos criminales.

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“Tiene uno que tomar decisiones y decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional, integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión que tomamos. Claro qué hay que hacer las adecuaciones al marco legal, y por eso con toda transparencia estamos tratando este asunto, poniendo a consideración de los ciudadanos y de los legisladores. Les pedimos que nos ayuden, porque hay que hacer una reforma constitucional. Ya no queremos la simulación”, afirmó el presidente electo.

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Dijo que la Guardia Nacional que se propone será integrada totalmente hasta 2021, y que de las 266 coordinaciones territoriales que plantea sólo hay personal que atienda 150.

“Vamos a tener idealmente 266 coordinaciones territoriales; vamos a empezar con 150 coordinaciones, porque no tenemos todos los elementos que se requieren. Necesitamos un promedio de 500 elementos por coordinación. En total vamos a requerir de 120 a 150 mil efectivos para las 266 coordinaciones, y ahora la suma de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal no nos alcanza para eso […] En 2020 vamos a llegar a 200 coordinaciones y en el 21, van a estar completas las coordinaciones con todos los elementos”, explicó.

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La estrategia reorienta el combate al crimen organizado, al considerar fallida la confrontación emprendida por las recientes administraciones.

Busca combatir la protección e impunidad brindada desde grupos policiales y de los aparatos de procuraduría de justicia a los grupos delincuenciales.

“Salta a la vista la necesidad de dejar de lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y violencia mediante soluciones únicas, y unidimensionales como la estrategia represiva militar […] por el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México sólo pueden entenderse por una corrupción en las oficinas públicas, y en los aparatos de combate a la delincuencia y procuración impartición de justicia”, explicó Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad.

Se determina convertir en delito grave la corrupción, impedir las adjudicaciones directas, volver obligatorias las declaraciones tres de tres de todos los funcionarios públicos; además de fortalecer a las instituciones destinadas a la fiscalización, así como robustecer las normas legales para aplicar la extinción de dominio de bienes decomisados a delincuentes.

También se reorienta el combate a las drogas.

“La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya insostenible desde cualquier punto de vista […] la alternativa inevitable es qué el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y sé dedique, en una primera instancia, a mantener bajo control clínico a quienes ya las padecen”, dijo Durazo.

En busca de la construcción de la paz en el país se establece una estrategia de combate a la inseguridad con respeto a los derechos humanos de la población, y en especial de las víctimas.

“En el caso de los desaparecidos se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero, y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia y la reparación, y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos […] resulta imperativo hacer un alto para considerar, y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas, y de agotar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas. Esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas, e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida”, apuntó.

Se establece la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad nacional.

Determina la creación de una guardia nacional a lo largo de los tres primeros años de gobierno, la cual estará bajo el mando directo del presidente y será operada por la secretaria de la defensa nacional.

Su prioridad será el combate de los delitos de alto impacto como la extorsión, el secuestro, los feminicidios, entre otros. Se establecerá un Consejo de Construcción de la Paz.

“Será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz […] En un primer momento el Consejo se integrará, por invitación presidencial, con seis personas, tres en representación de instituciones públicas y otras tres en representación de la sociedad, se invitará además a una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como miembro con voz pero sin voto y a un observador permanente designado por la Organización de las Naciones Unidas”, detalló.

Habrá respeto a los derechos humanos de los mexicanos, siempre se actuará con responsabilidad, se afirmó.

“Se emprenderá la misión con estricto respeto a los derechos humanos, y en permanente apego a las normas jurídicas y reglamentarias sobre el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. Como comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente de la República exigirá a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada, el respeto al pueblo en cumplimiento del objetivo supremo de defenderlo y asistirlo. Un mandato que será a captados por todos los integrantes de las instituciones armadas, con la lealtad institucional que no se ha distinguido en el curso de su historia”, explicó el general Luis Crescencio Sandoval, próximo secretario de la Defensa Nacional.

“Se van a respetar los derechos humanos, no está en la constitución, pero sí en la ley del Ejército y de la Marina. En esas leyes, en esos ordenamientos se expresa que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República, y el próximo Presidente de la República nunca va a dar la orden de que el Ejército, la Marina, las fuerzas armadas se utilicen para reprimir al pueblo de México”, defendió Andrés Manuel López Obrador.

(Con información de Carmen Jaimes)
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