La Procuraduría General de la República (PGR), solicitará ante el juez de control, Gerardo Moreno García, que se vincule a proceso penal al líder del Partido del Trabajo (PT) en el estado de Aguascalientes, Héctor Quiroz García, quien está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
[bc_video video_id=”5626455654001″ account_id=”1325727373001″ player_id=”default”]
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas, reiteró que en esta investigación la esposa del dirigente nacional del PT, María Guadalupe Rodríguez Martínez, está considerada como imputada y como líder de una estructura criminal que se formó para desviar 100 millones de pesos que la Secretaría de Educación del gobierno de Nuevo León, le entregó para ser destinados a 17 Cendis en esa entidad, pero que en realidad depósito en cuentas personales.
La procedencia ilícita de ese dinero se da en el momento en que ese dinero es desviado del destino que se le debía de dar, que es precisamente el sostenimiento de esos centros educativos y las operaciones que después se realizan con ese dinero para ocultarlo o para destinarlo a los intereses personales es, precisamente, lo que da lugar al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló Israel Lira Salas, titular de la SEIDO.
Se explicó que, hasta el momento, la investigación sólo abarca las operaciones bancarias y de un fondo de inversión que están a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez y de otras personas.
Que no se investiga al dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y que tampoco se investiga a funcionarios del gobierno de Nuevo León.
Lo que sí se investiga, según se informó, son las subcuentas bancarias y las operaciones que realizaron cada uno de los involucrados en este esquema delictivo.
El titular de la SEIDO explicó que fue por ese motivo que el Ministerio Público federal aseguró las cuentas bancarias de los acusados.
Se hizo, precisamente para garantizar que esos recursos no pudieran ser ocultados o dilapidados o que pudieran dársele otro fin distinto a la educación o al sostenimiento de esos menores”, indicó Israel Lira Salas, titular de la SEIDO.
Con información de Mario Torres.
Rar