En un operativo en conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Nuevo León y la División de Investigación de la Policía Federal aseguró dos inmuebles que funcionaban como casinos clandestinos ya que no contaban con ningún permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para funcionamiento legal.
El cumplimentó de las dos órdenes de cateo fueron ejecutadas derivado de investigaciones realizadas por personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente.
El primero de los establecimientos fue ubicado en el municipio de Monterrey donde se aseguraron 19 mesas de juego, 156 mil 715 pesos en efectivo, así como 360 dólares, donde fue detenida una persona.
La segunda parte del operativo en conjunto se realizó en el municipio de Santiago, donde se aseguraron 202 máquinas electrónicas, cinco mesas de juego, cuatro mil 984 fichas con valor un equivalente a un millón 860 mil 775 pesos, tres equipos de cómputo y se detuvo a una persona.
En el operativo simultaneo los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad federal por la probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Otro caso de aseguramiento de casinos clandestinos se registró el pasado 11 de mayo cuando el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que con apoyo de elementos de la Policía Federal (PF), aseguró diversos equipos de un establecimiento que al parecer funcionaba como casino sin el permiso correspondiente.
Derivado de las indagatorias de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, se constató que el inmueble no contaba con el permiso que otorga la Secretaría de Gobernación para funcionar como casino, en probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
La dependencia federal detalló que los objetos incautados fueron 71 máquinas electrónicas, cuatro mesas para póker, una mesa de bingo, dos equipos de cómputo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que determine.
Con información de Raymundo Elizalde
LSH
