Periodistas nicaragüenses protestan por ataques gubernamentales

Periodistas de Nicaragua protestaron este lunes para exigir al gobierno de Daniel Ortega el cese de agresiones, en medio de la violencia que envuelve al país y deja más de 300 muertos.

Un grupo de comunicadores se reunieron en la rotonda “El Periodista” para denunciar la muerte de su compañero Ángel Gahona.

“Somos periodistas, no somos terroristas”, “no más agresión” gritaban los comunicadores por las calles de Managua.

La manifestación se produjo después que el fin de semana dos corresponsales de Canal 10 fueran arrestados mientras cubrían una protesta opositora en apoyo a la Iglesia.

Al menos una decena de reporteros han denunciado en redes sociales y medios nacionales agresiones física, amenazas o capturas por realizar su labor periodística.

“La represión se está intensificando” contra los periodistas y aunque “estamos expuestos a esta represión, no quiere decir que tengamos que tolerarlo”, dijo el comunicador y catedrático Guillermo Cortés.

La periodista Adelaide Moncada, vocera de un organismo de derechos humanos, denunció que su casa fue atacada con disparos de morteros por grupos afines al gobierno, mientras ella y su familia han sido amenazados.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humamos (Cenidh) solicitó medidas cautelares para periodistas y medios que han recibido amenazas durante las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril.

Los comunicadores, en estos 100 días de protestas antigubernamentales, “han corrido riesgos, incluso con su propia vida” como fue el caso de Gahona, quien murió el 21 de abril de un disparo en la cabeza mientras transmitía en vivo una protesta en la ciudad caribeña de Bluefields, dijo Gonzalo Carrión de Cenidh.

Para el gobierno “todos los que han alzado la voz se convierten en blanco de ataque, la dictadura quiere aplastar totalmente cualquier expresión de libertad”, dijo Carrión.

Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, que se transformaron en una demanda política por la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Con información de AFP.
FJMM