España se prepara para unas nuevas elecciones parlamentarias el 10 de noviembre, las cuartas en los cuatro últimos años, pero sin ninguna seguridad de que los resultados vayan a resolver la prolongada inestabilidad política de gobiernos débiles de centroderecha y centroizquierda desde finales de 2015.
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En un ambiente político muy polarizado y de desencanto ciudadano creciente, las encuestas preelectorales apuntan a un aumento de la abstención y una victoria del Partido Socialista por mayoría simple nuevamente, así que seguiría necesitando el apoyo de otras fuerzas parlamentarias para gobernar.
Este martes se publicó el decreto de disolución de las dos cámaras legislativas españolas, Congreso y Senado, y una nueva convocatoria electoral, después de que el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, no pudiera asegurarse los apoyos parlamentarios para repetir en el cargo tras los comicios del 28 de abril.
La repetición de las elecciones “no es mala” porque encarna la esencia de la democracia, aseguró hoy a la prensa la presidenta saliente del Congreso, Meritxell Batet, al anunciar la disolución de las cámaras.
Sánchez ganó en abril con 123 de los 350 diputados del Congreso, así que necesitaba el voto favorable o la abstención, según el caso, de otras fuerzas parlamentarias.
Intentó que el Congreso lo respaldara en julio para seguir al frente del Ejecutivo, pero no lo consiguió porque la negociación entre el Partido Socialista (PSOE) y la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP) fracasó en un ambiente de desconfianza mutua, y también de bloqueo político del que Sánchez responsabilizaba a otros partidos.
Qué señala la Constitución española al respecto
La Constitución española establece que, si pasados dos meses de la primera votación de investidura, que se produjo el 23 de julio, ningún candidato obtiene la confianza de la cámara para gobernar, el rey disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, justo lo que ocurrió hoy.
Sin embargo, el parlamento que salga de esa repetición electoral podría estar incluso más fragmentado que ahora por una mayor división del voto, pues algún nuevo partido de izquierdas podría conseguir representación en el Congreso y restar fuerza al PSOE y UP.
Los partidos parlamentarios nacionales pasarían entonces de cinco a seis, tres en la derecha y tres en la izquierda, aparte de las minorías de nacionalistas vascos e independentistas catalanes y de pequeños grupos regionales.
De esta manera, las negociaciones, combinaciones y alianzas políticas para gobernar serían más complejas e inciertas aun, con un gobierno en funciones que comenzó el 29 de abril, durará todo lo que falta del año como mínimo y, probablemente, varios meses más en 2020.
El gobierno del conservador Mariano Rajoy (PP, Partido Popular) ya estuvo en funciones durante más de diez meses en 2016, después de dos elecciones generales: las de junio de aquel año y las anteriores de diciembre de 2015.
Rajoy pudo gobernar en minoría tras un acuerdo con Ciudadanos (liberales) a partir de noviembre de 2016, pero fue descabalgado del poder hace 15 meses por el socialista Sánchez con una moción de censura.
La actual vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, insistió hoy en la idea que los socialistas mantienen desde las pasadas elecciones de abril: un gobierno en solitario con apoyos externos de otras fuerzas parlamentarias.
“Queremos gobernar con nuestros propios escaños y acrecentarlos en esta confrontación electoral del 10 de noviembre”, dijo en declaraciones radiofónicas.
Precisamente, la negociación citada entre PSOE e UP naufragó por la resistencia socialista a un gobierno de coalición como le exigía la otra formación de izquierda.
Entre los partidos de derecha, el PP (mayoritario de la oposición) ha propuesto repetidamente a Ciudadanos unir fuerzas en una coalición electoral para optimizar los votos que reciban, aumentar su número de diputados y tener alguna posibilidad de llegar a gobernar.
Pero Ciudadanos se niega, pues compite con los conservadores por parte del mismo electorado y aspira a sobrepasarlos.
En esta ocasión, las elecciones de noviembre, la campaña electoral será más corta, la mitad, concretamente de una semana, y las subvenciones a los partidos se reducirán a la mitad.
Lo que no cambiará serán las llamadas al voto útil, sobre todo de los dos grandes partidos: el PSOE en la izquierda y el PP en la derecha.
En la práctica, los partidos españoles llevan en campaña electoral desde los comicios legislativos de diciembre de 2015, cuando se abrió el actual periodo de cuatro convocatorias electorales.
Durante todo este tiempo, los políticos estuvieron enzarzados en un debate muy polarizado de disputas continuas y agrias sobre cuestiones como la corrupción y los recortes del PP cuando gobernaba o las tensiones independentistas en Cataluña.
Y, ahora, otra cuestión amenaza con perturbar más la política española: la próxima exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco (muerto en 1975) fuera del monumento del Valle de los Caídos, una decisión del gobierno de Sánchez basada en la ley de Memoria Histórica y avalada hoy por el Tribunal Supremo.
Con información de EFE
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