Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo: “El Estado debe ser muy claro en señalar que de ninguna manera acusa a las víctimas de este caso de participar en las protestas o cometer ilícitos y debe enfatizar que, con motivo de los excesos cometidos en la implementación de este operativo, las 11 víctimas de este caso fueron objeto de las violaciones de derechos humanos que han sido ya reconocidas”.
Durante la segunda y última audiencia pública del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, el Estado detalló las violaciones específicas contra las 11 mujeres de Atenco.
El Estado mexicano reconoció la violación al derecho de la libertad y garantías judiciales por la privación de su libertad; al derecho a la integridad personal; a la vida privada, autonomía y dignidad, a la igualdad y discriminación; al derecho de no ser torturada; al derecho al vivir una vida libre de violencia por la violación física, psicológica y sexual (incluyendo actos de tortura sexual, tratos denigrantes e invasión a su vida privada, la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud).
También reconoció la violación a las garantías individuales, protección judicial e igualdad ante la ley, y al deber de investigar la violencia contra la mujer; al derecho a la integridad personal en prejuicio de los familiares de las víctimas, y, violación a su obligación de adoptar posiciones de derecho interno.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, comentó: “La forma violenta de los manifestantes no, repito, no justifica los excesos en que incurrieron algunos agentes del Estado”.
Sin embargo, el Estado recalcó que todas fueron acciones individuales y que no existen elementos que prueben que un superior ordenó los actos de violencia. Dijo que se ha consignado a 52 personas por el delito de tortura y encubrimiento de tortura y 36 funcionarios han sido sancionados administrativamente
Los jueces también escucharon los alegatos de la defensa. Las abogadas hicieron énfasis en la violencia característica del modelo mexicano.
La abogada Marcela Martínez, dijo: “Estas graves violaciones, el uso indiscriminado y abusivo de la fuerza, los hechos de tortura y la impunidad que ellas relataron en esta audiencia, no son excepcionales ni aberraciones imprevisibles en las prácticas policiales estatales y federales en México, desafortunadamente reflejan realidades persistentes en las policías mexicanas”.
Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro Prodh, destacó: “Las autoridades de mayor responsabilidad jerárquica fomentaron un clima de tolerancia de lo ocurrido y desincentivaron la investigación sentando bases para la impunidad”.
Araceli Olivo Portugal, abogada del Centro Prodh: “Que se reconozca que lejos de ser delincuentes, como una vez afirmó el Estado, han sobrevivido las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de todos los niveles de gobierno”.
Recalcaron que, para las víctimas, es básico que el Estado mexicano se comprometa a realizar investigaciones eficaces que contemplen todas las formas de responsabilidad, pues al momento, ningún agente federal ha sido condenado por el caso.
La sentencia de la Corte Interamericana se espera para 2018. El tiempo estimado para que el organismo resuelva es de seis meses, durante ese periodo se desahogarán las peticiones de información, tanto al Estado como a la defensa, que ayudarán a tomar las decisiones finales del caso.
Con información de Ana María Islas
LSH
