La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó en su portal de proveedores un anuncio en el que se ofrece en venta el avión que fue utilizado por el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) y puesto en subasta por el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
La oferta en el portal de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (UNOPS) tiene por objeto identificar posibles interesados en la compra del Boeing 787-8 Dreamliner, que funcionó como el avión presidencial TP 01 durante el mandato de Peña Nieto y tiene como fecha límite el 15 de abril.
Los interesados en la aeronave podrán revisarla en el aeropuerto de Victorville, en el condado de San Bernardino, California, Estados Unidos, señaló el organismo.
La ONU y el Gobierno de México lograron un acuerdo para que el organismo participe como observador internacional en todos los procesos de contrataciones públicas y con la oferta publicada este día iniciaron su convenio.
El avión presidencial fue puesto a la venta por López Obrador, al considerarlo un “lujo excesivo” en una Administración que tiene como eje rector políticas de austeridad.
Entre otros servicios, el avión contaba con un baño completo, una recámara y un despacho para el presidente, donde se ubicaba una sala, televisión y una caminadora.
En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador informó sobre el anunció de venta en el portal de la ONU y añadió que también se van a vender 70 aviones y helicópteros, de donde piensa obtener alrededor de 10.000 millones de pesos (516 millones de dólares).
Desde que estaba en campaña rumbo a la presidencia, López Obrador señaló que no usaría el avión, que tuvo un costo aproximado de 7.500 millones de pesos (unos 387 millones de dólares), porque hacerlo era “una ofensa para el pueblo” y optó por viajar en aerolíneas comerciales como lo ha hecho desde que inició su Administración el 1 de diciembre.
El Estado mexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012, mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como arrendataria, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su carácter de adquirente, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como usuario final.
Con información de EFE
LSH
