En su primer pronunciamiento oficial sobre la crisis, el Consejo de Seguridad pidió al país restaurar la administración civil y el Estado de derecho en la zona y le reclamó “pasos inmediatos” para asegurar el respeto de los derechos humanos.
El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas había analizado la situación en Birmania en varias ocasiones, pero hasta ahora no había aprobado ningún documento formal sobre el asunto.
Francia y el Reino Unido trataron durante las últimas semanas de impulsar una resolución, pero finalmente optaron por una “declaración presidencial”, un documento de menor rango, que fue pactado por los quince Estados miembros.
Pese al compromiso alcanzado al final, la delegación de Birmania criticó el texto inmediatamente después de su adopción.
La declaración expresa la preocupación del Consejo de Seguridad por las informaciones de “violaciones y abusos de los derechos humanos” en Rakáin, incluidas “por parte de las fuerzas de seguridad de Birmania”.
Además, reclama “investigaciones transparentes” sobre los supuestos crímenes y que se garantice justicia para las víctimas.
El Consejo de Seguridad también denuncia la violencia entre comunidades y pide al Gobierno medidas para “contrarrestar la incitación a la violencia y el odio y restaurar la paz”, con un proceso de reconciliación.
Aunque toma nota de los “pasos iniciales” dados por el Gobierno birmano para responder a la crisis humanitaria desatada en Rakáin, el Consejo expresa su “profunda preocupación” por el hecho de que se siga limitando el acceso a las organizaciones humanitarias.
A más largo plazo, los quince países llaman a las autoridades birmanas a dar respuesta a las raíces del conflicto, respetando los derechos de toda la población, combatiendo la discriminación y ofreciendo a todos los grupos étnicos el mismo acceso a servicios básicos y a la ciudadanía.
Por ahora, Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyás –se niega a denominarlos con este término-, los considera inmigrantes bengalíes y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de desplazamientos.
El Consejo de Seguridad se comprometió además hoy a seguir de cerca la situación y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, un informe de la situación sobre el terreno en un plazo de treinta días.
Con información de EFE.
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