La ONU pidió este martes al Gobierno birmano que le conceda acceso pleno y sin restricciones al país para verificar los graves abusos cometidos presuntamente contra la minoría musulmana rohinyá, y confió en un cambio de actitud del Ejecutivo ante la magnitud y urgencia de la crisis en el noroeste de Birmania.
“Es importante para nosotros ver con nuestros propios ojos los lugares de las presuntas violaciones y abusos, y hablar directamente con las personas afectadas y las autoridades”, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos el presidente de la Misión de Investigación de la ONU para Birmania (Myanmar), Marzuki Darusman.
Este ente, creado en marzo pero que empezó a trabajar a finales de agosto, ha enviado de manera urgente cuatro expertos a Bangladesh para que reúnan información y verifiquen las denuncias de los rohinyás huidos a ese país sobre los graves abusos cometidos presuntamente por las fuerzas birmanas y el Ejército en Rakáin (noroeste).
La nueva ola de violencia en ese estado birmano se desató el 25 de agosto, cuando un ataque de un grupo insurgente rohinyá contra casetas policiales y militares fue respondido con una operación militar y generó la huida de unos 421.000 rohinyás a Bangladesh.
Darusman citó asesinatos masivos, el uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos, violencia sexual y basada en el género, y la destrucción y quema de pueblos enteros, unos 200 según dijo.
“Esperamos tener unas evaluaciones preliminares pronto”, señaló a los medios, tras su intervención en el Consejo.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, y el secretario general de la ONU, António Guterres, han calificado de “limpieza étnica” la persecución de los rohinyás, un término que Darusman evitó utilizar.
“La conclusión de lo que ocurre allí tiene que ser consecuencia del proceso de la Misión de Investigación más que una asunción inicial”, sostuvo.
Darusman expresó su esperanza de que la Misión pueda entrar “cuanto antes” a Birmania y de que “pronto” haya un entendimiento en este sentido con el Gobierno liderado de facto por la premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, después del discurso que ésta dirigió hoy a la nación.
SUU KYI PROMETE LLEVAR AYUDA HUMANITARIA A REGIÓN HABITADA POR LOS ROHINYÁS
Aung San Suu Kyi dijo no temer al escrutinio internacional. (AP)
En su alocución, Suu Kyi condenó cualquier violación de derechos humanos contra los rohinyás durante la ofensiva militar en respuesta a un ataque de militantes rohinyás el pasado 25 de agosto. Se comprometió también a llevar ayuda humanitaria a la región y a permitir el regreso de aquéllos “verificados como refugiados”.
Eso sí, no se refirió a qué país o grupo de países, entes o organismos internacionales autorizará el acceso al país.
“A pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido detener el conflicto (…) No es la intención del Gobierno eludir responsabilidades”, señaló Suu Kyi en una conferencia en Naipyidó ante diplomáticos, autoridades y periodistas.
“Condenamos todas las violaciones de los derechos humanos (…) Nos comprometemos al imperio de la ley y el orden”, añadió la premio Nobel de la paz en 1991.
Darusman interpretó la invitación genérica de la líder birmana como una señal de que eventualmente permita el acceso a la Misión.
No obstante, el embajador birmano ante la ONU en Ginebra, Htin Lynn, apuntó en su contestación al abogado indonesio una posible respuesta negativa por parte de Birmania a su solicitud.
Reiteró el rechazo del Ejecutivo a la Misión, al considerar que su establecimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos “no ayuda” para resolver “la ya de por sí complicada cuestión de Rakáin y los abrumadores desafíos” en ese estado.
Pero Darusman sostuvo ante la prensa que tiene “indicaciones iniciales” de que el Gobierno birmano “no se niega completamente a conversar con la Misión”, por lo que ésta seguirá “buscando canales de comunicación, directa e indirectamente”.
En este sentido espera, añadió, que en los próximos días emerjan “señales y oportunidades más concretas” por parte de Suu Kyi para entablar un diálogo “más eficaz”.
Si la Misión no consiguiera acceder al país, ésta en todo caso seguirá trabajando con imágenes de satélite de las aldeas destruidas, comunicaciones remotas, entrevistas a víctimas y testigos, así como con los vídeos, la información y las fotografías que reciba o recolecte.
Darusman admitió que ante toda la información que recibe la Misión, ésta se “encuentra sobrepasada”, por lo que instó al Consejo de Derechos Humanos a prolongar seis meses el mandato de los investigadores, hasta septiembre de 2018.
La Misión tiene el mandato de establecer los hechos y las circunstancias de presuntas violaciones de derechos humanos recientes en Birmania, en particular en Rakáin.
AAE
