El sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional denunciaron hoy de forma rotunda la persecución y discriminación a la que Myanmar (Birmania) ha sometido a la comunidad rohinyá durante décadas, una marginación y represión que fue definida por la ONU como posible genocidio.
“Teniendo en cuenta la sistemática discriminación; los patrones de violaciones y abusos. Considerando que el derecho a la propia identidad (…) no se tiene en cuenta; dado todo esto, ¿puede alguien descartar que los elementos del genocidio están presentes?”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Husein.
Al Husein denunció, además, “las acusaciones de asesinatos aleatorios; el uso de granadas, disparos a bocajarro, apuñalamientos, apaleamientos hasta la muerte, y la quema de casas con familias dentro; los abusos sexuales, las violaciones y los desplazamientos forzados”.
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Y recordó que si bien sólo una Corte de Justicia puede confirmar que se ha cometido un genocidio, la represión vista en los últimos meses tiene todos los elementos de este crimen contra la humanidad.
El alto comisionado fue el primer orador de una sesión especial que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró hoy para analizar la situación de la minoría rohinyá, una comunidad musulmana que reside desde hace siglos en el norte de Myanmar (Birmania) pero que no es reconocida como ciudadanos birmanos por las autoridades del país, por lo que la mayoría son apátridas.
Tras escuchar a Al Husein y a otros altos responsables de Naciones Unidas, el embajador de Birmania ante el Consejo de Derechos Humanos, Htin Lynn, rechazó de plano todas las alegaciones.
Dijo que la política de discriminación y represión descrita durante la sesión no era fruto de las acciones del Ejecutivo birmano, sino de “las acciones de individuos extremistas”, y se limitó a agregar que su gobierno está “tomando medidas contra ellos”.
El representante birmano quiso contestar a la representante del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en contexto de conflicto, Pramila Patten, quien denunció horrendas historias de violaciones múltiples y públicas sufridas por las mujeres y las niñas birmanas.
El embajador dijo que no se debían asumir como verdad “las alegaciones de las refugiadas, dado que dicen lo que los entrevistadores quieren oír”.
A pesar de estos comentarios, todos los discursos posteriores de los miembros del Consejo fueron para denunciar la represión, los abusos y la discriminación de la comunidad y para censurar al gobierno birmano por su actuación.
Al Husein denunció, además, que como las autoridades birmanas no permiten a la ONU acceder al estado de Rakáin, no se sabe cuál es la situación actual, pero denunció que el éxodo prosigue.
Un trayecto que se ha vuelto aún más peligroso debido a que el Ejército, al parecer, ha plantado minas antipersonales en la frontera entre Birmania y Bangladesh, “posiblemente para evitar que regresen los refugiados”, indicó.
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El alto comisario subrayó que no se pueden organizar retornos a Myanmar (Birmania) desde Bangladesh mientras no cambien las condiciones de represión y discriminación sistemática al que la comunidad es sometida.
El pasado 23 de noviembre, Dacca y Rangún alcanzaron un acuerdo bilateral para repatriar a suelo birmano a aquellos refugiados que cuenten con la documentación necesaria.
Catalina Devandas Aguilar, coordinadora de los 56 relatores especiales de derechos humanos de la ONU, denunció durante la sesión especial que el principal criterio para aceptar el retorno de los refugiados es su capacidad para demostrar que tienen documentos válidos.
Asimismo, denunció que el acuerdo no sólo no se refiere a los rohinyás como tales, sino que tampoco se les denomina refugiados.
“En otras palabras, ninguno de los dos gobiernos reconoce que la población rohinyá ha huido como consecuencia de persecución”, denunció.
Asimismo, la relatora censuró que los refugiados que quieran retornar no tendrán libertad de movimientos y serán confinados.
Devandas recordó que los 120.000 rohinyás desplazados de sus hogares por la violencia de 2012, todavía están confinados en campos en el estado de Rakáin.
Tras la sesión, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por amplia mayoría (33 votos de 47) una resolución en la que piden el cese de toda represión contra la comunidad, condena los hechos, pide que se les conceda la nacionalidad a los rohinyás, y solicita a Zeid a que siga de cerca la situación.
Con información de EFE
AAE
