CRIMEN Y SEGURIDAD

ONU: Juicio contra el hijo de Gadafi y otros altos cargos no fue justo

El juicio contra Saif al Islam Gadafi y otros 36 altos cargos del régimen de Muamar el Gadafi en Libia no cumplió con los estándares internacionales de un juicio justo, según un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La institución que vela en la ONU por el respeto a las libertades fundamentales y la misión de las Naciones Unidas en el país (UNSMIL) evaluaron todo el proceso jurídico, desde los expedientes de la investigación hasta la sentencia, y hoy publicaron sus conclusiones.

“Que los culpables de violaciones sean juzgados es esencial, pero el proceso de asunción de responsabilidades debe estar basado en un juicio justo”, indicó, en un comunicado, el comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Este juicio fue una oportunidad perdida para la Justicia y para los ciudadanos libios de tener una esperanza de afrontar la conducta del antiguo régimen”, agregó Zeid.

Nueve de los acusados fueron sentenciados a la pena de muerte, incluidos Saif al Islam Gafadi, el antiguo jefe de Inteligencia Abdulá al Senussi y el ex primer ministro Al Baghdadi al Mahmudi.

El informe identifica serias violaciones del debido proceso, incluyendo periodos prolongados de incomunicación para los procesados.

“Hubo múltiples acusaciones de casos de tortura que nunca fueron investigados. Se dijo que la defensa no había presentado pruebas sobre los supuestos malos tratos cuando lo que hay que hacer en estos casos es investigar. La Corte y la Fiscalía debían haber investigado las acusaciones de tortura”, aseguró en teleconferencia Claudio Cordone, representante del Alto Comisionado en Libia.

Además, los abogados se quejaron repetidamente de las dificultades para poder entrevistar a sus defendidos en privado y para acceder a la documentación necesaria.

Según la ONU, el derecho a la defensa fue socavado porque el tribunal restringió los testigos a dos para cada defendido.

“En casos tan graves como este, se tenían que haber dejado cuantos más testigos posibles, para dejar claros los hechos”, afirmó Cordone.

De hecho, según el informe, el juicio se basó en documentos y hubo muy poca parte oral, cuando existe una sentencia del Tribunal Supremo de Libia que exige que este tipo de procesos sean lo más orales posibles.

Finalmente, el informe también denuncia que el sistema judicial libio no permite una apelación completa sino solo una revisión parcial de aspectos legales específicos, en la Corte de Casación.

En relación a esta Corte, Cordone explicó que puede tomar la decisión de revisar el caso y cambiar el veredicto, o pedir que el juicio se vuelva a realizar.

El problema es que se desconoce cuándo una decisión puede ser tomada, dado que la Corte no tiene una fecha límite para pronunciarse.

Concretamente, el informe recomienda a la Corte de Casación que tenga en cuenta los errores identificados por la ONU y ofrezca reparaciones efectivas, mientras Libia reforma su sistema judicial para que se adecúe a los estándares internacionales.

Asimismo, el estudio pide a las autoridades libias que revisen el Código Penal y el Código de Procesamiento Criminal y que establezcan una moratoria a la pena de muerte.

“Nadie debería ser sentenciado a muerte”, subrayó Cordone.

Con respecto a los juzgados, el texto solicita a las autoridades libias que asuman su custodia, dado que la mayoría están en manos de diferentes grupos armados, incluido el hijo de Gadafi.

De hecho, Cordone dijo que nadie ha visto ni ha oído hablar “en meses” a Saif al Islam.

Confiando en que siga con vida, Cordone solicitó que el hijo del fallecido dictador sea entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) de la ONU, que ha pedido juzgarlo, dado que los crímenes de los que se le acusa “son diferentes” de los que se han juzgado en Libia.

Seis años después del derrocamiento y muerte de Gadafi (en 2011), Libia es todavía un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, en la que la autoridad la ejercen territorialmente el Gobierno de unidad amparado por la ONU (oeste), el mariscal Jalifa Hafter en el este y las milicias de la ciudad de Misrata en el centro.

 

AAE