La Organización de las Naciones Unidas solicitó al Gobierno mexicano la inmediata libertad de dos internos que desde hace más de 15 años permanecen presos sin haber recibido sentencia.
Se trata de los mexicanos Daniel García y Reyes Alpízar quienes fueron acusados en 2002, por la entonces Procuraduría mexiquense de Justicia, de haber participado en el asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Taméz Pérez.
A petición de su defensa, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU analizó este caso. Hace unos días dio a conocer sus conclusiones y recomendaciones a través de la opinión 66/2017. Concluyó que la detención de Daniel García y Reyes Alpízar fue ilegal y arbitraria, que violó su derecho a la presunción de inocencia y que fueron incomunicados y torturados.
“Concluye el grupo, en su opinión, que el Gobierno mexicano debe ponerlos en inmediata libertad como una manera de reparar el daño por los 15 años de privación de la libertad por un proceso sostenido sin sustento y sin pruebas y porque se violaron las garantías del debido proceso también”, dijo el abogado defensor Simón Hernández León.
Penal de Barrientos en el Edomex. (Noticieros Televisa)
El grupo de trabajo también se pronunció sobre la inédita permanencia de ambos internos en la cárcel.
“A consideración del grupo, esta detención de los 15 años sin sentencia es una situación inédita. Este encarcelamiento por tantos años constituye pues un récord mundial. Y por eso, el grupo considera que esta situación es bastante excepcional”, enfatizó Hernández León.
Desde el Penal de Barrientos, en el Estado de México, Daniel García habló de la resolución emitida por el grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Dijo que tanto él, como su coacusado Reyes Alpízar, recibieron esta notificación con gran esperanza.
“Nos anima que este grupo de trabajo de Naciones Unidas, sobre todo que no sólo reclame nuestra libertad, también reivindica el derecho a la dignidad, al enumerar y solicitar al Estado mexicano la investigación de todas las violaciones de las que fuimos objeto. Y esas condiciones son las que nos mantienen con una enorme esperanza, una enorme satisfacción de esta opinión”, concluyó Daniel García, interno del Penal de Barrientos, en el Estado de México.
El Gobierno mexicano tiene seis meses para responder a las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Con información de Óscar Hernández
KAH
