Los inmigrantes menores de edad no tienen derecho a la asistencia de un abogado pagado por el Gobierno cuando están en proceso de deportación, determinó este lunes una corte federal de apelaciones.
Los jueces rechazaron la aseveración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y de grupos defensores de los inmigrantes de que los menores tienen derecho a contar con un abogado gratuito dentro del debido proceso como lo prevé la Constitución.
Existe un sistema que concede a los menores una audiencia justa, y obligar al gobierno a que provea abogados gratuitos redundaría en un gasto que “llevaría al límite a un sistema de inmigración ya sobrecargado”, dijo el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito.
El resultado es un proceso injusto en el que menores sin capacidad para sobrellevar asuntos jurídicos complejos son enfrentados a abogados expertos del gobierno, según los grupos.
Ahilan Arulanantham, director jurídico de la ACLU en el sur de California, dijo que el grupo no ha decidido cuál será su siguiente paso.
“La evidencia estadística, que la corte ha reconocido, es que los menores tienen muchísimas más probabilidades de ganar sus casos si tienen representación legal”, agregó.
La corte consideró un caso presentado a nombre de un chico de 13 años identificado sólo como “C.J.”, que huyó de Honduras con su madre después de que ambos recibieron amenazas de muerte, e incluso le pusieran una pistola en la cabeza cuando se rehusó a ser parte de una pandilla.
Madre e hijo llegaron en 2014 a Estados Unidos y el chico fue puesto en procedimiento de deportación tres meses después.
Un juez de inmigración le dijo a la madre que su hijo tenía derecho a contar con un abogado, pero ella respondió que no tenía dinero, según el fallo del tribunal. El caso prosiguió sin abogado y el juez rechazó la solicitud de asilo del muchacho.
El joven solicitó un abogado de oficio para él y otros inmigrantes menores de edad que enfrentan audiencias de deportación.
La jueza del 9no Circuito, Consuelo Callahan, dijo que existe un proceso efectivo para salvaguardar los derechos de los menores inmigrantes.
Un juez de inmigración está obligado a determinar y evaluar de manera exhaustiva e imparcial todos los hechos del caso, no a actuar como un simple árbitro neutral, según Callahan. Un panel de apelaciones puede regresar los casos a los jueces de inmigración que hayan faltado a esa obligación.
Arulanantham dijo que un juez de inmigración no era un sustituto adecuado para un abogado.
En el caso de C.J., la corte dijo que el juez de inmigración incurrió en algunas fallas, pero que ninguna habría cambiado el fallo. La corte ratificó la decisión de los jueces de inmigración de denegar el asilo.
Con información de AP.
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