Jorge Lara, exsubprocurador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), habló de la polémica que causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que supuestamente aprobó que se realicen detenciones y cateos sin orden judicial.
En entrevista para La Mudanza, Lara explicó que debido a que en estos actos judiciales se genera una intromisión en la vida de la gente, no es correcto que se puedan llevar a cabo sin la orden de un juez, sin embargo, precisó que hay acciones de investigación que no requieren permiso de un juez, porque “no implican una intromisión tan severa en la persona, su familia o sus bienes”, como por ejemplo, las revisiones que se implementan en los casos de flagrancia o revisión de automóviles.
Lara recalcó que “con el nuevo sistema hay garantías de control y de respeto a derechos humanos”.
Dijo que un tema muy importante es dotar a los policías de los conocimientos para que ellos “puedan sustentar ante un juez por qué implementan tal o cual acción”.
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Agregó que los policías van a estar en el banquillo al momento de actuar y afirmó que tienen que ser muy solventes para explicar la resolución.
El exsubprocurador opinó que la determinación de la Corte brinda claridad en los temas que han generado confusión o una mala interpretación.
El especialista en temas de seguridad y justicia también habló de la infiltración del crimen organizado en las campañas electorales.
Dijo que es un tema debatible que puede malinterpretarse como injerencia por parte de las autoridades, pero señaló que, en ocasiones, los partidos políticos delegan la responsabilidad de investigar los antecedentes de sus candidatos para ‘lavarse las manos’.
Lara reiteró que la infiltración del crimen organizado y la violencia es un fenómeno recurrente durante los procesos electorales en México, por esa razón destacó que “los partidos deberían realizar un proceso de debida diligencia”, es decir, investigar aspectos como el modus vivendi, ingresos y nivel de vida de los candidatos que postulan.
“Me parece que los partidos, con ese despliegue institucional y esa robustez que tienen, deben de incluir en sus convocatoria y métodos de selección de candidatos, estos argumentos, no solamente para que ellos estén seguros de que la gente que están postulando no tiene involucramiento (con el crimen organizado), sino que también es gente honorable y que puedan salvar la cara ante el electorado”, comentó.
El especialista señaló el financiamiento como el momento más utilizado por el crimen organizado para infiltrarse y enfatizó que esta cuestión involucra al Instituto Nacional Electoral (INE) como la autoridad facultada para investigar la procedencia de los recursos de manera más oportuna para que los resultados de las investigaciones se conozcan antes de que los funcionarios lleguen a ocupar los cargos.
Mencionó que con la colaboración entre las instituciones del gobierno federal se puede prevenir que la violencia permee en los procesos electorales.
Al ser cuestionado sobre si los electores tienen alguna garantía de que personas involucradas con el narcotráfico no llegarán a los cargos de elección popular el próximo 1 de julio, el exsubprocurador respondió que “en la medida en que las instituciones hagan una revisión exhaustiva de los candidatos, yo creo que sí podemos estar tranquilos”.
Precisó que algunos puntos de la geografía del país corren más riesgo, por lo que destacó que las instituciones deben prestar más atención en ellos para erradicar “el saldo rojo”.
Con información de La Mudanza
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