Los senadores Mario Delgado (Movimiento Regeneración Nacional, Morena) y Roberto Gil Zuarth (Partido Acción Nacional, PAN) dialogan en Despierta con Loret sobre las labores de las fuerzas armadas y la propuesta de Ley de Seguridad Interior que se analiza en el Senado de la República.
Para Mario Delgado, “es bueno que se discuta más” la propuesta de ley. Considera que “llevamos más de 10 años en un problema, porque (Felipe) Calderón sacó al Ejército a hacer labores de seguridad pública y todavía no sabemos por qué, porque en 2006 había 32 homicidios dolosos, en promedio, diarios, y ahora tenemos más del doble de los homicidios diarios, con 69 cada día. Es decir, no ha resultado la estrategia y se pretende legalizar sin que haya una crítica, sin que haya la intención capacitar a las policías y mantener al Ejército haciendo esas labores”.
De acuerdo con Roberto Gil Zuarth, “hay un error de comprensión histórica, las fuerzas armadas realizan labores relacionadas con crimen organizado desde los años cuarenta, desde los años setenta apoyan en labores que manda el Ejecutivo, como la Operación Cóndor; desde los noventa se crea el concepto crimen organizado, con Ernesto Zedillo, y las fuerzas armadas tienen la responsabilidad permanente de apoyar en el combate al crimen organizado. Ya se amplió el catálogo de delitos relacionados con el crimen organizado, porque hay 26 categorías de delitos en esa tipología, desde derechos de autor, pero en la medida que hemos abusado de las fuerzas armadas, hemos creado un incentivo perverso para los Gobiernos locales, porque siempre es más rápido sacar a las fuerzas armadas a las calles que capacitar a las policías. Esta ley cierra la válvula a esa posibilidad y le quita la discrecionalidad. La Ley de Seguridad Interior trata de reducir la discrecionalidad del uso de las fuerzas armadas para hacer labores de Policía”.
El senador morenista cuestionó que, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, por lo que “se debe discutir la profesionalización de las policías; no podemos seguir con la ilegalidad de tener al Ejército haciendo tareas que no les corresponden, es un incentivo perverso para los gobernadores que aplauden la iniciativa de Ley de Seguridad Interior y reclaman que se apruebe, porque no hacen su tarea, no han cumplido su responsabilidad de formar policías. La presencia militar va en contra de la Constitución, se aprueba el uso del Ejército de manera discrecional y no se promueve la formación de policías. Calderón dejó alrededor de 36 mil policías y ahora hay el mismo número; no se avanzó en la construcción de policías. Ahora, si se legaliza la implicación del Ejército en tareas de seguridad, imagínate cuándo se van a formar policías. Deberíamos estar discutiendo la formación de policías”.
Gil Zuarth insistió en que “no es que se haya determinado el uso del Ejército en tiempos de Calderón, sino que es una labor que hacen desde hace mucho tiempo, ¿quién patrulla el mar territorial? La Armada de México, y es una función permanente”.
La discusión, atajó Delgado, “es si el Ejército debe tener un despliegue en 28 estados y que los manden a hacer labores de seguridad pública”.
El senador panista reconoció que “se han intensificado sus labores, eso no debe suceder, debemos reordenar su labor y regular la función de disponer las fuerzas armadas. Es una facultad que ya tiene el presidente y la ley intenta fijar un procedimiento para que no se ejerza de manera discrecional esa función, sino que lo haga de manera regulada”.
Delgado señaló que “la ley dice que se puede hacer una declaratoria cuando lo pidan los Congresos locales, pero hay una excepción, en la que el presidente puede actuar de manera inmediata, para mandar labores de prevención y atención de riesgos de amenazas de seguridad. Lo que hace al introducir el concepto de riesgos es que se vuelven permanentes las acciones, le da al Ejército la posibilidad de actuar de manera permanente en la calle”.
Roberto Gil Zuarth subrayó que “el Ejecutivo Federal lleva una suerte de mapeo de control de las situaciones de riesgo. El Popo se monitorea como un riesgo a la seguridad interior; las presas se monitorean como un riesgo a la seguridad interior; ésos son los riesgos que tiene el país y que motivan a regular el uso del Ejército. Pero los legisladores que se oponen a esa regulación están en una lógica paranoica de golpismo y militarismo. No hay dos Ejércitos en México. No hay un Ejército de atención y apoyo en una inundación y, por otro lado, uno violador de derechos humanos. No hay uno que entrena a la perrita Frida y otro que viola los derechos humanos. Hay más de tres mil instalaciones estratégicas en el país, ¿quién las cuida?”.
Mario Delgado admitió que “el Ejército se merece un marco institucional para su actuación, pero no se merece que se abuse como hicieron Calderón y Peña, pero en este caso discutimos la seguridad, que es lo que tiene sumido al país en la violencia y no hay una sola autocrítica a lo que ha ocurrido en 10 años. ¿Hasta dónde se va a ir la gráfica (de homicidios dolosos por día)?, ¿vamos a venir en otros años a seguir proponiendo reglas en vez de solucionar el problema?”
Carlos Loret de Mola cuestionó si esta ley mejora la seguridad pública, “porque la gente está dispuesta a muchas cosas con tal de que le resuelvan la seguridad”.
Mario Delgado subrayó que “justo cuando vamos a llegar al peor año en seguridad pública, entonces dicen ‘legalicemos la estrategia’, una estrategia que no funcionó”.
Para Roberto Gil Zuarth, “esta discusión trata de corregir un problema concreto, el uso excesivo e irracional de las fuerzas armadas para la seguridad pública, hoy tenemos despliegue en 84% del territorio nacional. El presidente Calderón dejó intervención en 6 estados y hoy están en 27; el problema ha ido creciendo y la intervención la piden los estados. El Gobierno de la Ciudad de México le pide al Ejército patrullar el Ajusco. Debemos resolver el esquema de seguridad. Tenemos que enfrentar la crisis del sistema penitenciario, que si el Ejército es llamado a algún lugar, sepan a dónde van, por qué van y por cuánto tiempo van”.
Delgado cuestionó: “Si es tan buena la ley, concediéndole al senador que tiene la razón, ¿por qué la preocupación de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de la ONU? El alto comisionado da recomendaciones cuando hay guerra, cuando hay crisis, cuando ve un grado de riesgo muy alto en este país, ¿la ONU está mal, leyó mal la iniciativa?”
Roberto Gil Zuarth respondió que “el problema es si tratamos de regular fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Las fuerzas armadas no deben estar patrullando municipios, hoy lo hacen por necesidad, tenemos que pensar cuáles son sus funciones”.
Delgado destacó “necesitamos una etapa de transición para el Ejército y la propuesta de Ley de Seguridad Interior generaría riesgos para la vigencia de derechos humanos y no aportaría soluciones reales. ¿Están leyendo mal las autoridades de la ONU o a quién le creemos?”
Roberto Gil Zuarth reconoció que “el punto de partida es prevenir que se queden haciendo tareas de seguridad pública. Desde hace mucho tiempo las fuerzas armadas tienen responsabilidades de seguridad pública, hemos ampliado el catálogo de delitos que componen el concepto crimen organizado, tenemos que pensar en profesionalizar y capacitar a las Policías, pero no podemos caer en el simplismo de que se salgan de las calles y ya. La pregunta es quién va a hacerse responsable de la seguridad en Tamaulipas, en Veracruz”. (Con información de Despierta con Loret)
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