En 2016, los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales o municipales, reveló la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016.
“Se estima a nivel nacional 1.6 mil millones de pesos el costo de la corrupción causada entre las autoridades y las unidades económicas que realizan tramites o solicitudes de servicio durante 2016”, afirmó Adrián Franco, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
“Las unidades económicas entrevistadas respondieron que los actos de corrupción que con mayor frecuencia se dan, se producen en primer lugar para agilizar trámites, con un 64.6%. En segundo lugar, para evitar multas y sanciones con un 39.4%. Y en tercer lugar para obtener licencias o permisos en un 30.7%”, detalló Julio Santaella, presidente del INEGI.
La encuesta reveló que cada unidad económica de las 4 y medio millones que operan en el país destinó 12 mil 243 pesos en promedio de “dinero por fuera” para que le agilizaran algún trámite público o licencia para poder operar.
Por tamaño de negocio, el costo de la corrupción fue así en 2016: para las empresas micro fue de 9 mil pesos, para las pequeñas de 35 mil pesos, para las medianas de 84 mil 806 pesos y para las grandes 48 mil 425 pesos.
“El 82% de las unidades económicas refiere que los actos de corrupción en las autoridades gubernamentales son frecuentes”, detalló Adrián Franco, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia del INEGI.
Los estados donde mayor corrupción se percibe por parte de las unidades económicas se encuentran Tabasco, Veracruz y Ciudad de México mientras que a nivel local las delegaciones donde mayor se percibe la corrupción son Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y el municipio de Coatzacoalcos.
La encuesta reveló además que para el 52% de los dueños de negocios y empresas en México, la policía local no contribuye a generar una sensación de seguridad.
Y el 50.9% considera que las cargas administrativas que tienen fueron iguales o mayores a las del 2015.
Por unidad económica se realizaron un promedio anual de 19.5 trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades federales, estatales o municipales.
De acuerdo con la encuesta, los costos para las empresas para cumplir las regulaciones se estimaron en 115 mil 700 millones de pesos, que representan 0.56% del PIB nacional.
En la presentación de los resultados de esta primera encuesta, estuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reconoció que aún falta aligerar la carga de trámites y homologarlos. Y respecto al dinero que destinan los negocios en pago de trámites y actos corrupción dijo que no le sorprende la cifra pero debe bajarse.
“No me sorprende la cifra, porque el ahorro que hemos tenido hasta hoy como Gobierno Federal en materia regulatoria son más de 180 mil millones de pesos. Claramente lo que tienes que hacer es generar los espacios para que esto se transforme en competitividad y productividad y eso implica muchos temas: las empresas no deben estar distrayendo recursos para reforzar su seguridad en lo individual”, afirmó Guajardo.
Por su parte el presidente de INEGI confirmó que el próximo 28 de agosto junto con el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) darán a conocer información y los análisis que han hecho alrededor de la Encuesta Nacional de Ingreso y gasto de los Hogares 2016, clave para medir la pobreza.
Con información de Guadalupe Flores
AGHO
