Cruzaron la frontera sur para ganarse la vida en México, pero lo único que encontraron fue la cárcel. La Policía de Chiapas las detuvo arbitrariamente en sus trabajos. Todas centroamericanas acusadas de trata de personas. Y ya en prisión no contaron con el debido proceso y acceso a la justicia.
Guadalupe Pérez Rodríguez es indígena de la etnia mam, nació en Guatemala. No sabe leer ni escribir. Aquí en México aprendió a hablar español. Hace 10 años dejó su país y se instaló sin documentos en Motozintla, Chiapas, para buscar mejores oportunidades para sus 6 hijos. “Tuve que buscar y me fui a un bar a lavar trastes, a pasar botanas, a servir a las mesas, a barrer y a trapear”.
El 22 de enero de 2014 policías estatales llegaron al bar, ni los dueños ni los encargados estaban ahí. “Ellos dijeron ‘a ver los papeles’ y como el señor me dijo que si alguien pregunta, los enseñas porque todo está pagado, muy bien, dije”.
Los policías detuvieron sólo a las mujeres que estaban en el bar, tres empleadas más y algunas clientas. Guadalupe no entendía por qué le hacían poner sus huellas digitales en hojas en blanco.
“Enseña las huellas, yo así me hicieron hacer, los dos estos dedos, firmaron así”, explica.
Guadalupe Pérez Rodríguez es indígena de la etnia mam, nació en Guatemala (Noticieros Televisa)
Tres días después, ya que había sido trasladada al penal número 4 de Tapachula, supo de qué la acusaban. “Tú vendías a las mujeres para echar un palito con los hombres, él me dijo así. Yo nunca lo hice, soy inocente señor”, recuerda Guadalupe.
El Ministerio Público de Motozintla afirmó que Guadalupe había sido detenida en flagrancia por el delito de trata en su modalidad de explotación sexual. No era la única.
“Había como 22 que estaban encerradas, puro de trata cuando yo llegué”, dice Guadalupe. El 19 de agosto de 2016, después de 2 años 8 meses en prisión, un juez reconoció que no había pruebas en su contra.
Santa María Rosales tiene 37 años, hace 14 salió por primera vez de Honduras. Su intención era llegar a Dallas. Cuatro veces intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos, las cuatro veces la deportaron.
La última vez que Santa salió de Honduras fue para vivir en México. Encontró trabajo como mesera en un bar de Huixtla, a media hora de Tapachula.
La madrugada del 19 de junio de 2013, agentes de la Policía Estatal Fronteriza llegaron a su casa. La subieron a una camioneta y la llevaron a Tapachula.
Según su testimonio, los policías no le mostraron orden de aprehensión ni de cateo. Dice que intentaron obligarla a firmar documentos en blanco. Horas después, supo que la acusaban de trata de personas.
Autoridades mexicanas la sentenciaron a 5 años de prisión, nunca recibió ayuda del Gobierno de su país. “Siempre que yo le decía ‘cónsul apóyenos, apóyenos en pelear, usted puede’, la contestación era que no era licenciado, que para qué pisamos tierra mexicana si no era tierra de nosotros”, afirma Santa.
Santa María Rosales tiene 37 años, hace 14 salió por primera vez de Honduras (Noticieros Televisa)
El 12 de mayo de 2015 se declaró en huelga de hambre. Catorce días después un juez le volvió a dictar sentencia. Esta vez, a su favor. De inmediato fue puesta en libertad. Ahora paga la factura de haber estado encarcelada por un delito que no cometió. “No nos pueden dar un buen trabajo, porque no, tú estuviste presa, sos una delincuente”.
Rosa Elvia Murcia Díaz también es hondureña y está en una situación similar. Fue detenida en Tapachula, recluida y puesta en libertad por falta de pruebas. Según la versión oficial, Rosa fue aprehendida en una casa de huéspedes de Tapachula durante un operativo.
Ella cuenta que su detención fue en la calle, que la golpearon varias veces para subirla a una camioneta y que lo primero que pensó fue que se trataba de un secuestro. Intentó escapar, pero se lo impidió la prótesis que lleva en la pierna desde hace 17 años, cuando cayó del tren conocido como ‘La Bestia’, en uno de los muchos intentos que hizo por llegar a Estados Unidos. El Ministerio Público afirmó que menores de edad habían declarado en su contra. No hubo careo, ni alguien que ratificara la acusación.
“Nunca se presentaron, ni los ministeriales que me detuvieron, ni las personas ofendidas. Nunca me dijeron aquí están, ¿los reconoce? Y así, sin tener pruebas me sentenciaron tres veces”, dice Rosa Elvia Murcia Díaz, migrante hondureña.
Rosa Elvia Murcia Díaz también es hondureña y está en una situación similar. Fue detenida en Tapachula (Noticieros Televisa)
No está absuelta, fue sentenciada a cinco años de prisión. Salió de la cárcel gracias a un beneficio de libertad anticipada conocido como mesa de reconciliación. Dice que eso no es suficiente. “Quisiera pedir que hagan algo para que esto no se quede impune, para que me den mi absolutoria, que quede mi nombre limpio”, dice Rosa Elvia.
Para el Centro de Derechos Humanos ‘Agustín Pro Juárez’ y el Centro Fray Matías de Córdova existe un patrón de criminalización en contra de las mujeres indocumentadas. Así lo concluyen en el informe “Mujeres migrantes, análisis de seis casos en la frontera sur”.
Sofía de Robina Castro, del Centro Prodh, explica: “Nos encontramos con que las mujeres fueron detenidas arbitrariamente. En muchos casos, argumentado flagrancia, pero sin que hubieran acreditado que efectivamente estas mujeres se encontraban cometiendo el delito de trata”.
Diego Lorente, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, señala: “Y luego viene la otra cara, de falta de acceso a la justicia, que es cuando ya han sido acusadas y están en la cárcel, cómo ellas pueden acceder a un proceso que no tuvieron en su momento para salir en libertad”.
Mujeres centroamericanas, detenidas por trata de personas y recluidas sin evidencia (Noticieros Televisa)
En 2015, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana documentó que 23 mujeres migrantes estaban recluidas en el penal de Tapachula acusadas de trata de personas. Dieciséis eran de origen centroamericano, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. De acuerdo con la Fiscalía, en los últimos 8 años han sido consignadas 366 personas por el delito de trata, 87 han sido sentenciadas: 73 mexicanas y 14 extranjeras.
Adriana Rebollo, fiscal Antitrata de Chiapas, rechaza las irregularidades. Dice que, si alguna considera que hay abuso, siempre tiene la opción de denunciar.
“La Fiscalía General del estado siempre ha tenido una política de respeto de derechos humanos de los migrantes y siempre estamos trabajando en mesas de dialogo con sus consulados. Existen mecanismos para hacer denuncias por el no debido proceso”.
Descarta detenciones fuera de la ley. “A veces vamos en auxilio de operativos que encabeza la Secretaría de Salud, porque ellos son encargados de inspeccionar bares, cantinas y ver si esos giros cumplen con los requisitos”.
Despierta buscó a la Policía Estatal Fronteriza para conocer su versión, no accedieron a la entrevista.
Con información de Ana Lucía Hernández
MLV
