La Fiscalía General de Chiapas, informó que la situación de las tres mujeres detenidas por el delito de trata de personas, el pasado 20 de julio, durante un cateo donde se rescató a 23 menores, en San Cristóbal de las Casas, podría complicarse ssi se comprueba el parentesco, toda vez que el delito es mayor si la explotación forzada es directamente de un familiar.
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“Que sean los padres de familia o sean familiares de los menores los que están siendo imputados creo que al contrario es una conducta agravada, el que sea la propia mamá, el propio abuelo, el propio tío, quien esté explotando laboralmente a los menores de edad”, dijo Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal General de Chiapas.
Las autoridades señalaron que algunos de los 23 menores rescatados eran obligados a trabajar y para poder comer y dormir en el cuarto debían cumplir con una cuota, de lo contrario recibían golpes.
“Refieren varios de ellos que llegan a trabajar todos los días, les daban material como era algunos artículos artesanales, este, piezas de ámbar, pero que tenían que regresar con una cantidad; algunos refieren que eran 150 pesos diarios, si no lo conseguían pues tenían algunos castigos que iban desde quizás dejarlos de comer no darles de comer quizás algunos maltratos físicos”, agregó el fiscal.
El pasado 27 de julio, don Roberto y doña Lupita, acudieron al DIF Estatal y dijeron ser abuelos de 12 de los 23 niños, ahí, presentaron actas de nacimiento de solo cinco menores, pero los niños no les fueron entregados.
La Fiscalía dijo que para poder entregar a los menores se tiene que cumplir un procedimiento, toda vez que las declaraciones de los niños inculpan a sus propios familiares.
“Hay una etapa de investigación complementaria que nos otorga el juez, estamos ahorita desahogando todas las diligencias necesarias para poder llevar a juicio a estas personas, sustentar una teoría del caso muy contundente que nos permita tener al final del día una sentencia de condenatoria que es lo que pretendemos”, señaló Llaven Abarca.
Las tres mujeres, presuntas madres de los 23 menores rescatados podrían alcanzar entre 10 y 20 años de prisión por el delito de trata de personas en modalidad de explotación forzada.
Con información de Juan Álvarez.
FM
