Al menos 16 personas murieron tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Colombia en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó el lunes la Defensoría del Pueblo.
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La identidad de las víctimas no fue confirmada, sin embargo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que los cuerpos permanecen en las morgues dónde se evaluará la causa de los decesos.
Las confrontaciones entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que serían por el “control de las economías ilícitas” en la frontera, indicó el Ejército en un comunicado.
El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que los grupos armados están buscando asesinar a miembros de las milicias enemigas y generar intimidaciones en la población civil, por lo que reforzaron la seguridad de la zona enviando dos batallones de refuerzo e incrementando las actividades de inteligencia.
Agregó que luego de que cometen los crímenes huyen y se resguardan en Venezuela. “Estos grupos han estado operando bajo sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial”, indicó a la prensa.
El presidente Nicolás Maduro rechazó dichas acusaciones de protección a grupos armados y narcotraficantes colombianos y ha prometido combatirlos “con toda la fuerza militar de nuestro país”, según advirtió el 28 de diciembre en una declaración.
Los números de posibles fallecidos varían dependiendo de la fuente. El alcalde de Arauquita, Etelivar Torres, advirtió en una declaración difundida a la prensa que el número de muertos podría ser superior, 21 personas, según información que recibió de los personeros, quienes son veedores de derechos humanos del Ministerio Público.
Human Rights Watch recibió denuncias sobre 24 muertos, así como desplazamientos forzados y secuestros.
“Parece haberse roto la alianza entre el ELN y la disidencia del Frente 10 de las FARC en la zona, lo cual podría traer graves consecuencias humanitarias para la población”, dijo a The Associated Press Juan Pappier, experto para Colombia de HRW, quien instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los civiles y asistir a las víctimas.
La Defensoría del Pueblo advirtió que identificaron a 12 familias que se están desplazando dentro del mismo departamento para huir de las confrontaciones.
La Iglesia católica hizo un llamado a los grupos ilícitos para que excluyan a la población civil de las hostilidades.
“Pedimos que se preste la debida asistencia a los heridos, que se respete la vida e integridad de los retenidos y se dé trato digno a los cuerpos de los fallecidos”, instó el obispo de la diócesis de Arauca, Jaime Cristóbal Abril, en un comunicado.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a través de Twitter para asegurar el respeto al Derecho Internacional Humanitario e instó a proteger a la población civil y activar los planes de contingencia.
Además, la oficina de la ONU pidió cumplir con recomendaciones que realizó la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas en las que advertía del riesgo inminente que corrían más de 69 mil personas de la sociedad civil, entre las que se incluyen poblaciones de especial protección como los indígenas, por la escalada de violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Con información de AP
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