La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propondrá una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público.
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Con ello, se pretende erradicar la corrupción que rige a este sector a través de los “moches” y la creación de empresas fantasma, la compra de bienes innecesarios o de calidad inferior a la acordada.
Mario Delgado, coordinador de la fracción parlamentaria, detalló que con esta modificación a la ley se busca transitar hacia el esquema de compras consolidadas, que encabeza la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficialía Mayor.
En la adecuación de la ley, abundó el legislador, también se crearía un Comité de Contrataciones Consolidadas que evaluaría las excepciones de las licitaciones públicas en cumplimiento de la legalidad y transparencia.
Delgado Carrillo señaló que el modelo actual permitió que 80 por ciento de las compras realizadas por la anterior administración se hicieran sin licitación pública y existieran más de mil 500 unidades compradoras sin contar con una coordinación entre ellas, desorden que permitió que las prácticas de corrupción se multiplicaran.
Esta reforma, sostuvo, permitirá también el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a través de criterios y mecanismos previamente definidos que incrementan su participación en los procedimientos de contratación.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública emitirá la normatividad en control, prevención, vigilancia y fiscalización de las compras y contrataciones públicas; mientras que la Secretaría de Economía tendrá una participación consultiva permanente para que las decisiones favorezcan la promoción, fomento, orientación y estímulo de la industria nacional y el desarrollo de las Mipymes.
En materia normativa, dijo, se redistribuyen competencias entre las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Función Pública y Economía.
El legislador de Morena afirmó que se trata de una gran reforma que atiende uno de los problemas más enquistados en el país que es la corrupción, por ello, esta propuesta pretende reconstruir la credibilidad del pueblo de México vinculado a las contrataciones públicas.
“Se busca establecer un marco jurídico renovado que regule las contrataciones públicas, a fin de garantizar que ningún servidor público o particular pueda beneficiarse con recursos económicos que son propiedad únicamente del pueblo de México”, subrayó.
Con información de Notimex.
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