El pasado miércoles, a las afueras del penal de Cadereyta, Nuevo León, una mujer leyó la lista con nombres de internos fallecidos. Se trata de una práctica común.
Ocurrió también el pasado 6 de julio en el penal de Las Cruces, en Acapulco, donde murieron 28 internos.
Y en el penal del Topo Chico, en febrero de 2016, donde murieron 49 reos.
“No hay todavía protocolos estandarizados a nivel nacional para informar a la víctima”, dijo Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas.
Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pugnado por establecer normas de protección para los internos y sus familias, la autoridad federal señala que, en primera instancia, debe ser responsabilidad de la autoridad estatal.
“Lamentamos que se actualicen estas conductas sobre todo cuando lo hemos advertido desde hace mucho tiempo”, explicó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
James Gondles, director de la Asociación Americana de Correcionales, instancia encargada de certificar a los penales en México, explicó a “En Punto” el protocolo que puede seguirse para para informar a familiares sobre sus internos en una emergencia.
“Después de asegurarte de que todos están a salvo tienen que tener un oficial de información pública que notifique a los familiares si un reo está herido o si el reo lamentablemente murió. No debería hacerse en la calle tendría que ser el oficial a la familia”, explicó James Gondles, director de la Asociación Americana de Correccionales.
Con información de Joaquín Fuentes.
LLH
