El mexicano Rubén Cárdenas Ramírez permanece en la antesala de la muerte en la prisión ‘Allan B. Polunsky’, en Livingston, Texas, Estados Unidos, ante las negativas del gobierno texano de aplazar su ejecución, programada para este miércoles.
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Este caso de Rubén Cárdenas, no se ha seguido, desde nuestro punto de vista, el proceso legal, el proceso debido legal y es por eso es que seguimos insistiendo y recurriendo a absolutamente todos los mecanismos que están al alcance de nuestras posibilidades, nacional e internacionalmente, para evitar su ejecución”, explicó Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para América del Norte.
Rubén Cárdenas, de 47 años, originario de Irapuato, Guanajuato, fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos por el homicidio, secuestro y violación de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años, hace dos décadas.
Al momento de su detención Rubén Cárdenas fue privado de asistencia consular y de representación legal durante sus interrogatorios por parte de la Policía texana, por lo que se violaron sus derechos humanos y consulares, así como el debido proceso.
Cárdenas Ramírez se declaró culpable sin haber contado con asesoría legal y sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo.
El caso fue denunciado y llegó a la Corte Internacional de Justicia que determinó que se violaron las disposiciones de notificación consular previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y que tenía derecho a una revisión judicial y reconsideración de sus condenas y sentencia.
Cinco años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también revisó la demanda. Encontró que las violaciones privaban de las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo al mexicano, por lo que recomendó a las autoridades texanas un nuevo juicio y advirtió que su ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales de la vida.
Por ello, en este caso, nuevamente las autoridades de Texas violan una obligación internacional del Gobierno de los Estados Unidos al dejar de observar esta obligación, al negarle este derecho básico a Cárdenas Ramírez de contactar a su consulado y garantizar que su juicio se sigue conforme al debido proceso”, señaló Alejandro Alday, consultor Jurídico de la Cancillería
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El gobierno mexicano, a través de la Cancillería, hizo un llamado a las autoridades texanas a que se retrase la ejecución del mexicano y se conmute la sentencia, pues aún existen dos apelaciones pendientes. De no hacerlo se estará cometiendo un acto ilegal, aseguraron los funcionarios mexicanos.
Con información de Jesús Barba
KAH/MAP
