La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó este viernes las denuncias del Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association), que acusó el Gobierno de intimidación fiscal contra empresas y de impedirles asesoría legal.
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“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal”, afirmó Hacienda en un comunicado.
Las declaraciones de la SHCP ocurren horas después de difundirse una carta, fechada el 20 de octubre, en la que ABA exige al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar el Estado de derecho tras supuestas intimidaciones contra empresas por conflictos fiscales.
El Colegio de Abogados acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a funcionarios de pedir a las empresas que se acerquen de forma directa sin representación legal para resolver adeudos fiscales.
También denunció que la Procuraduría Fiscal de la Federación empieza o “amenaza con iniciar” investigaciones criminales como “táctica de presión”, algo que la SHCP consideró una “aseveración falsa y sin sustento alguno”.
“La Procuraduría Fiscal no amenaza, denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez”, contestó Hacienda.
México ha incrementado la persecución de compañías que evaden impuestos para aumentar la recaudación sin crear nuevos gravámenes.
El SAT espera recaudar cerca de 14 mil millones de pesos este año (más de 670 millones de dólares) mediante “acuerdos conclusivos” con grandes contribuyentes, una figura con la que resuelven diferencias antes de juicio a la que este año han accedido empresas como Walmart e IBM.
“Una de las grandes prioridades del Gobierno mexicano y de su ciudadanía es perseguir penalmente las conductas criminales. Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales”, justificó Hacienda.
La SHCP defendió que las recientes reformas legales le permiten a la Procuraduría realizar acusaciones penales en contra de empresas o entidades jurídicas cuando se hayan cometido delitos fiscales por su cuenta, a su nombre o en su beneficio.
También advirtió de denuncias penales por crimen organizado cuando se trate de un grupo de tres o más personas que cometan delitos fiscales de “manera permanente o reiterada”.
“Cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México”, concluyó.
Apenas en junio, el Gobierno informó que persigue penalmente a 43 empresas que desde 2010 defraudaron 55.125 millones de pesos (2.640 millones de dólares) al fisco.
Con información de EFE
HAVJ
