En Chiapas, personal médico de varios municipios protestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación del doctor de urgencias, Gerardo Grajales Yuca, a quien detuvieron presuntamente por solicitar a un familiar de COVID que comprara por su cuenta insumos médicos.
Te puede interesar: IMSS registra cinco mil 370 casos de COVID-19 entre personal médico
“Es algo que la mayoría de los médicos que nos dedicamos al ejercicio de la medicina en los diferentes hospitales nos hemos hallado en la necesidad de hacer, solicitarle a un familiar que consiga algún insumo que el hospital en su momento por la razón que sea no lo tiene”, apuntó el doctor Otoniel Gutiérrez Sánchez, traumatólogo del Hospital de las Culturas en San Cristóbal lee las Casas.
El médico de Urgencias, Gerardo Grajales Yuca, fue detenido el fin de semana. Fue acusado de abuso de autoridad al presuntamente pedir insumos médicos a un familiar de un paciente con COVID-19.
El doctor era el responsable de la clínica COVID en el hospital de especialidades médicas “Vida Mejor” del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.
En días pasados, atendió a Miguel Arturo Ramírez, expresidente del partido Mover a Chiapas, exalcalde de Solosuchiapa y exdiputado local, quien llegó grave por COVID al hospital y más tarde murió.
“Fue por abuso de autoridad y acoso; son medicamentos en cantidades este híjoles, muchísimos medicamentos que ni siquiera mi papá utilizaba y aparatos médicos que el hospital cuenta con ellos, nos solicitaban aparatos médicos”, comentó Karen Alejandra Ramírez, denunciante.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, Grajales Yuca, en su calidad de servidor público solicitó equipo e insumos para tratar a un paciente, cuando el hospital, según la Secretaría de Salud del Estado, cuenta con los medicamentos y el equipo necesario.
El personal del hospital advierte que la detención del médico es una injusticia.
“La persona que impone la denuncia es hija de un ex político ósea por eso digo que es político administrativo porque no tiene ni siquiera tinte de ser un delito como tal”, dijo el doctor Javier Díaz Ibarra, del área de Urgencias de Hospital de Especialidades.
Con información de Juan Álvarez.
LLH
