En marzo del 2011, un comando armado llegó a la cabecera municipal de Allende, Coahuila, en busca de varias personas, al no localizarlas, arrasó durante tres días con casas y se llevó a mujeres, hombres y niños, que hasta hoy no han sido localizados.
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Las autoridades confirmaron la desaparición de 28 personas; más de 45 casas y ranchos destruidos.
En mi familia, perdimos a mi padre, su esposa, mis tres hermanos y dos de ellas eran menores de edad. Pensar en Allende, nos genera rabia, dolor al recordar que el Estado no hizo nada para detener tanta violencia”, señaló Silvia Eugenia Garza, familiar de desaparecidos.
A poco más de 8 años de estos hechos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública por violaciones graves cometidas en los municipios de Allende, Piedras Negras y la región norte del estado.
Hoy nos reúne la necesidad de enfrentar como país y como Estado mexicano, uno de los sucesos más dolorosos de la historia de nuestro país, la masacre de Allende, una matanza ejecutada por la organización criminal con la complicidad del estado, aquí en Allende, en Piedras Negras y los municipios aledaños, entre el 18 y 20 de marzo del 2011, algunas fuentes señalan que el número podría ascender hasta las 300 personas”, indicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Ante familiares y colectivos de desaparecidos, la secretaria de Gobernación se comprometió a seguir investigando y castigar a los responsables.
Las autoridades de ese tiempo, dijo, sabían que la delincuencia cometería este crimen y en vez de evitarlos, participaron entregando ellos mismos a muchos de los desaparecidos.
Estamos convencidos que para no repetir atrocidades como la de Allende, debemos dar pasos firmes para alcanzar justicia y no permitir nunca más que las autoridades les fallen. El presidente de México nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado y a realizar todo lo que está en nuestras manos para reparar los agravios”, señaló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aceptó que el Estado y la Federación estuvieron ausentes durante los hechos violentos del 2011.
Hoy con sinceridad tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló, les falló a las personas que fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. El Estado no brindó la seguridad y la paz que necesitaban para proteger su integridad y su vida”, refirió Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.
Según las autoridades, esta masacre se derivó de un acto de venganza de parte de “Los Zetas”.
Con información de Juan Andrés Martínez.
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