La coincidencia de manifestaciones a favor y en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó como resultado este domingo una persona herida en cada uno de los dos bandos, en medio de una crisis sociopolítica que vive el país desde el pasado 18 de abril.
Los heridos fueron un agente de la Policía Nacional, lesionado con arma blanca, y un hombre que participaba en una protesta contra Ortega, con heridas de arma de fuego, ambos trasladados de urgencia a diferentes hospitales.
La violencia se desató al sureste de Managua cuando un hombre encapuchado que se desplazaba a bordo de una camioneta roja, tipo “pick up”, disparó contra una marcha multitudinaria en rechazo a Ortega, según registraron las cámaras de Acan-Efe.
Minutos después, un automóvil policial que circulaba por la zona donde se manifestaban los opositores a la Presidencia fue incendiado por un grupo de personas con el rostro cubierto.
El automóvil, que pertenecía a la patrulla del Equipo Técnico de Investigación de la Policía, se encontraba en la zona de la protesta, a donde se desplazaron decenas de agentes del cuerpo de seguridad del Gobierno.
La Policía Nacional afirmó que el evento de movilización se trató de un “acto terrorista que responde a la estrategia de grupos golpistas”.
El cuerpo de seguridad del Estado también hizo señalamientos en contra de la Alianza Cívica, por supuestamente convocar a la manifestación, aunque la cita la habían emitido los estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
La Alianza Cívica es la contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, mismo que se encuentra a la espera de una decisión de Ortega para que sea retomado o abandonado definitivamente.
Los actos violentos empezaron cuando una caravana de automóviles en apoyo al Gobierno y, posteriormente un grupo de policías antimotines reprimieron a quienes se manifestaban contra Ortega en una zona céntrica de la capital nicaragüense, sin lograr que se dispersaran.
Ambos momentos desataron momentos de máxima tensión entre los asistentes, aunque la violencia no se desató hasta el final de la manifestación opositora, cuando se produjeron los disparos, como ocurrió en protestas de abril, mayo, junio y julio.
En un informe emitido por la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se responsabiliza al Gobierno de Ortega de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega rechazó el informe y el Gobierno de Nicaragua informó a una misión de la ACNUDH que su tiempo de visita en el país había culminado, por lo que el grupo del organismo internacional se vio obligado a abandonar el territorio nicaragüense.
Nicaragua atraviesa una crisis en la que se cuentan, según diversas organizaciones de derechos humanos, entre 322 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de los 80, también con Ortega como presidente, quien reconoce 198 víctimas mortales durante la crisis desde el pasado abril.
La Alianza Cívica de Nicaragua llamó “al Ejército de Nicaragua para que actúe en estricto apego a la Constitución y las Leyes y escuche el clamor del pueblo, que reclama una salida pacífica a la crisis”.
También recordó que “cualquier acto contrario a la Constitución Política cometido por autoridad, funcionario o empleado público, constituye un abuso de autoridad o de funciones”, tras señalar que en estos casos procede la “remoción del jefe del Ejército”, es decir, Ortega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE
JLR
