La ciudad de Los Angeles demandó a la administración del presidente estadunidense Donald Trump por su política de condicionar fondos federales a cambio de cooperar con agentes de inmigración. Este es un nuevo desafío legal de parte de la Procuraduría de Los Angeles en contra del Departamento de Justicia por su anunciada política de castigar a las llamadas “ciudades santuario” que protegen a las comunidades de inmigrantes.
En una demanda presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, el procurador Mike Feuer aseguró que la decisión del Departamento de Justicia de vincular subvenciones federales a la aplicación de inmigración “es inconstitucional”.
La demanda menciona el programa de servicios de Policía, que es administrado por el gobierno federal y diseñado para reforzar el acercamiento de las autoridades policiacas con la comunidad.
Los Angeles solicita rutinariamente fondos a través del programa y recibió tres millones 125 mil dólares el año pasado, lo que ayudó a contratar a 25 oficiales, de acuerdo con la oficina de Feuer.
El Departamento de Justicia ha cambiado términos para las ciudades que buscan fondos, externó la querella.
Por ejemplo, jurisdicciones que acuerdan “enfocar” el uso de fondos de donaciones en “inmigración ilegal” reciben puntos de bonificación durante el proceso de solicitud, de acuerdo con la demanda. Eso supone un trato preferencial a esas ciudades.
Un argumento central en la demanda de Los Angeles es que la nueva política del Departamento de Justicia viola la separación de poderes establecida en la Constitución del país, que otorga al Congreso, y no al poder Ejecutivo, el control de los montos que reciben los gobiernos.
La demanda dice que el Departamento de Justicia “coloca a la ciudad de Los Angeles, y otras entidades gubernamentales locales y estatales, a una opción insostenible: Comprometerse a participar en investigaciones federales de inmigración civil y esfuerzos de aplicación, o sacrificar fondos para seguridad pública y comunidad”.
La demanda de Feuer viene después de repetidos esfuerzos por parte del Departamento de Justicia para castigar a las llamadas “ciudades santuario” sobre sus políticas de aplicación de inmigración.
En enero, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en la que declaró que las ciudades santuarios no serán elegibles para recibir fondos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional.
Un juez federal en abril bloqueó esa orden, al lado de San Francisco y el condado de Santa Clara, que había presentado demandas sobre la política.
El procurador general, Jeff Sessions, lanzó otro intento de apuntar a las jurisdicciones de santuarios anunciando nuevas reglas para las ciudades que reciben fondos para el programa de subvenciones.
El anuncio de Sessions afectó directamente a Los Angeles, que ha recibido más de un millón de dólares en subvenciones de asistencia de justicia cada año, incluyendo un millón 800 mil dólares para el año fiscal 2016, según la ciudad.
Sessions dijo que la Policía estaría obligada a permitir que los agentes de policía de inmigración tengan acceso a las cárceles locales y proporcionar un aviso de 48 horas antes de liberar de su cárcel a alguien etiquetado por las autoridades federales como un posible indocumentado.
Los oficiales de policía de Los Angeles se oponen a tales requisitos. Argumentan que se extendería el tiempo que los reclusos permanecen tras las rejas, una política que varios tribunales han declarado inconstitucional.
MLV
