HISTORIA

Liberan a niña encarcelada por huir tras ser vendida para casarla en Cochoapa, Guerrero

Luego de que la menor huyera de su casa en el poblado de Joya Real, en Cochoapa El Grande, Guerrero, para evitar que la casaran con un joven de su comunidad sin su consentimiento, fue su propia madre quien le reclamó.

  • Joya Real es una de las comunidades de Guerrero donde el matrimonio forzado es una norma.

Un tema flagrante de violencia en contra de las mujeres es la venta de niñas. En Cochoapa, donde esta semana el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan logró, junto con las autoridades, liberar a una menor que fue encarcelada por tratar de huir al enterarse de que la iban a casar.

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“Yo misma fui a dar la queja a la autoridad para que encarcelaran a mi hija porque ella desobedeció”, indicó la mamá de Marcela.

Luego de que Marcela, joven de 16 años huyera de su casa en el poblado de Joya Real, en Cochoapa El Grande, Guerrero, para evitar que la casaran con un joven de su comunidad, sin su consentimiento, fue su propia madre quien le reclamó, ya que dice, ocuparían los 200 mil pesos que recibirían por su matrimonio para el pago de deudas; el padre de Marcela falleció en junio pasado, y la familia, tiene deudas.

“Le pregunté a mi hija sí aceptaba juntarse con el muchacho y la niña contestó que sí y que ella aceptaría eso para cubrir una deuda. La niña lo hace porque su hermano siempre sale, trabaja de jornalero y ella no quiere que él solito cubra la deuda que tiene pendiente”, comentó Rufina Miguel, mamá de Marcela.

Marcela, un tío,  un primo  y un amigo que le dio refugio fueron encarcelada el pasado lunes por policías del comisario municipal junto con comunitarios de Joya Real; tras ser liberada por la policía estatal, Marcela fue llevada al DIF de Chilpancingo.

Joya Real es una de las comunidades de Guerrero donde el matrimonio forzado es una norma; así lo ven los pobladores de la comunidad, que discutieron el lunes el caso de los menores.

“Aquí se acostumbra a ir hasta 4 o 5 veces a la casa de la mujer de los padres de ella para pedirla. Está su hermano y le preguntaron a ti te vienen a pedir y si tú te vas con ellos, les vamos a responder, si tú no aceptas nosotros no les vamos a decir que sí, si tú no quieres. Ella dijo que sí y pues ya sabemos la costumbre de aquí de agarrar un dinero. Hoy es el día que se iba casar ella y ayer la buscaron y ya no estaba al amanecer, la encontraron con otro muchacho en su casa y de ahí la trajeron”, narró  un habitante de Cochoapa El Grande, Guerrero.

Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, cuestionó si estuvieron detenidos y si fue como una burla para la familia del muchacho, a lo que el mismo habitante de Cochoapa le dijo que sí.

“Los que fueron a pedirla hicieron la cuenta de todas las aguas, que ya se han gastado refrescos, cerveza, la res, las mujeres que fueron a moler, ya habían gastado. También las cosas que llevaron el maíz, los chiles, son 56 mil pesos, 56 mil 400 pesos”, agregó este habitante.

La familia de Raúl, el joven con quien se casaría Marcela, se endeudó para pagar la boda, y pide que las autoridades comunales determinen las sanciones por su cancelación.

“Juntamos 200 mil pesos prestados, pero nunca pensé que la muchacha iba a hacer esto, que se escaparía”, dijo Francisca Vázquez, madre de Raúl.

En el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan señalan que el problema se debe atender de manera integral, ya que los matrimonios forzados no son la única situación que viven las comunidades.

“No solamente ver el asunto de la menor, que eso es muy importante, que es la clave que debe detonar cualquier acción, pero también el entorno.  Que haya escuelas, que haya maestros, que haya psicólogas, que haya personal que ayude a mejorar el entorno, porque si no solo se criminaliza, solo se reprime con el derecho cuando hay otras condiciones que tienen que tomarse en cuenta”, apuntó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan.

Lamentaron que no haya protocolos claros para atender este tipo de casos.

“Ni siquiera un teléfono para decir ‘cuando suceda algo, hablen a este teléfono’. No hay un teléfono, no hay una instancia, no hay una persona o al menos una titular de una dependencia con la que hay que ir”, expuso Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan.

Por lo pronto, Rufina espera que su hija Marcela vuelva para casarla.

“Le pediré a mi hija que se junte con él, aunque estoy consciente de él ya no aceptará”, comentó Rufina Miguel, madre de Marcela.

Con información de Samuel Adam y Carlos Moreno.

LLH