El director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general José Carlos Beltrán, rechazó que con la nueva Ley de Seguridad Interior se pretenda militarizar al país.
“No hay una militarización y lo dejamos claro, militarización y suplantación sería el hecho de que las Fuerzas Armadas detuviéramos, investigáramos, sancionáramos a los responsables, a los delincuentes civiles, y no solo eso, que los lleváramos ante tribunales militares, que los lleváramos ante prisiones militares, que ahí estuvieran internos en prisiones militares, eso sería militarización, eso sería que las autoridades militares tuviéramos un control por la seguridad pública que no tenemos, actuamos a petición”, señaló el general José Carlos Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Durante el foro “Seguridad y Participación Ciudadana en México”, en la Cámara de Diputados, el general José Carlos Beltrán Benítez dijo que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública inició cuando las autoridades civiles fueron rebasadas por la violencia en sus estados y municipios.
“Porque se vieron superadas, si bien es cierto no solamente en equipo y adiestramiento también en aspectos éticos, de convicción porque se vendieron a la delincuencia, ahí está un ejemplo claro, desgraciadamente me duele mencionarlo, la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, coludidos con la Policía Municipal y otras policías municipales”, añadió el general José Carlos Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Sedena.
En su turno, el director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada, el contraalmirante Martín Barney, aseguró que México enfrenta problemas de legitimidad por la corrupción y el crecimiento de los grupos criminales.
“El futuro y la estabilidad y prosperidad de México está amenazado por la corrupción que provoca, estimula un incremento que da como resultado el alto índice de violencia y corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. México enfrenta potenciales problemas de legitimidad, los grupos armados criminales desarrollan actividades ilícitas, usurpan funciones exclusivas del Estado”, indicó el contraalmirante Martín Barney.
Con información de Héctor Guerrero.
LLH
