Un juez estadounidense bloqueó temporalmente este martes la distribución en línea de planos para fabricar armas de fuego en impresoras 3D, poniendo fin a un acuerdo que el gobierno de Donald Trump alcanzó con la compañía que planea comercializar los documentos.
El juez federal Robert Lasnik de Seattle aceptó la solicitud de los fiscales de ocho estados del país y el Distrito de Columbia, donde está la capital Washington, calificando al acuerdo con el grupo Defense Distributed como “arbitrario y caprichoso”.
Nueve estados de Estados Unidos demandaron al gobierno de Donald Trump por liberar la impresión en 3D de armas, por considerar que la información podría caer en manos de criminales y terroristas.
Luego de una larga batalla judicial a finales de junio, el gobierno federal había autorizado al grupo Defense Distributed poner en línea los planos digitales que permiten la fabricación casera de armas con una impresora 3D.
Estos objetos, que se hacen de plástico, funcionan como un arma muy real. Al no ser industrializados por un fabricante autorizado, no tienen número de serie, tampoco suenan al pasar por un detector de metales y potencialmente no se pueden rastrear.
“El momento de las armas descargables realmente comienza”, promete el sitio del grupo, fundado por Cody Wilson, un libertario de 30 años.
Estaba previsto que los programas de instrucción fueran puestos en línea el miércoles, pero Wilson dijo a la revista Wired este martes que él ya había publicado estas instrucciones. Y, de acuerdo a la revista, “ya han sido descargados miles de veces”.
“Los publiqué el 27 de julio”, dijo Cody Wilson. “La fecha del 1 de agosto es para efectos de mercadeo”.
“Es una locura dar a los delincuentes las herramientas para imprimir en 3D armas que son imposibles de rastrear y que no se pueden detectar, con solo apretar un botón”, dijo la fiscal del estado de Nueva York, Barbara Underwood.
Una veintena de fiscales estatales también escribieron al Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, para denunciar el acuerdo entre el gobierno y Defense Distributed. Es un acuerdo “profundamente peligroso que podría tener un impacto sin precedentes en la seguridad pública”, indicaron.
Estados Unidos, donde unas 30 mil personas mueren al año a causa de las armas de fuego, está profundamente dividido por la discusión sobre el control de armas personales, particularmente por numerosas matanzas masivas, muchas veces perpetradas con armas que fueron compradas de manera legal.
Con información de AFP.
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