Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, aseguró que el entonces presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y el grupo criminal Guerreros Unidos ordenaron la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en complicidad con autoridades de distintas órdenes de gobierno.
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En conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional, Alejandro Encinas destacó que la desaparición y el homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013, el cual está atribuido a José Luis Abarca, motivó la movilización de los estudiantes.
“El homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013, motivó la movilización de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que tomaron las oficinas del Ayuntamiento de Iguala en incendiaron la documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido, justamente, por este delito, o por el delito de desaparición sino por el homicidio de Hernández Cardona, y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerrero Unidos de que no regresarán a esta ciudad sino se iban a atener a las consecuencias”, comentó.
Encinas destacó que el análisis del contexto es muy importante por otros elementos que se suman al anterior como lo son: la disputa de la plaza para el trasiego de droga entre Guerreros Unidos y Los Rojos; el decomiso de 107 kilogramos de heroína pura, el 10 de julio del 2014, por la PGR en un retén militar, y de acuerdo con un reporte solo se entregaron 24 kilogramos en la dependencia y el acuerdo de la Asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se celebró en agosto del 2014 en el estado de Morelos, donde se resolvió que la normal de Ayotzinapa fuera sede de otras escuelas normales del país para de ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México.
El funcionario federal negó que haya un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación”, declaró Alejandro Encinas.
El también subsecretario de Derechos Humanos defendió el reporte, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El subsecretario reconoció que hay un “contenido político”, pero consiste en “esclarecer un crimen de Estado”.
También calificó de “absolutamente falso” el que el informe sea igual a la “verdad histórica“, que se promovió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que solo se basa en una fuente de información.
Aseguró que el reporte tiene fuentes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se basa en informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, además de 115 testimonios.
El subsecretario rechazó que el informe sea igual a la “verdad histórica”, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF (Sistema de Desarrollo Integral para la Familia) en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.
Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas.
“¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas”, dijo.
Para este viernes 26 de agosto del 2022, familias y activistas han convocado una marcha multitudinaria a un mes de que se cumplan 8 años, el 26 de septiembre, de la desaparición de los 43 estudiantes.
Con información de N+ y EFE.
RAMG
